por Redacción RPP
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El Departamento de Estado de USA señaló en su informe anual sobre derechos humanos que el gobierno peruano no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron.
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Estados Unidos aseguró este lunes que existe un "importante problema de impunidad" ante los abusos cometidos por la Policía Nacional durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte iniciado en diciembre pasado. Así lo señaló el Departamento de Estado en su reporte anual sobre derechos humanos.
La institución aseguró que la "falta de repercusiones" ante las denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden generan preocupación entre los ciudadanos. También destacó que hubo múltiples denuncias de muertes, torturas y tratos inhumanos.
"El gobierno no impidió de manera efectiva los abusos o castigó a quienes los cometieron", subraya el informe del Departamento de Estado. Los ciudadanos salieron a las calles desde el año pasado a expresar su descontento contra la actual presidenta, Dina Boluarte, luego de que asumiera el cargo tras la destitución de Pedro Castillo por intentar cerrar el Legislativo, intervenir en la judicatura y gobernar por decreto.
El informe destacó además que, durante este periodo de agitación social, asociaciones de periodistas en el país denunciaron un incremento en la agresión y la intimidación a los trabajadores de la prensa que cubrieron los eventos.
El documento aseguró que durante el 2022 se registraron 303 ataques contra reporteros, el número más alto desde 2005, según cifras de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.
Dina Boluarte declaró por muertes en las protestas
La presidenta de la República, Dina Boluarte, declaró a inicios de mes en el Ministerio Público sobre las muertes ocurridas durante las protestas contra su Gobierno. La mandataria afronta
una investigación por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
El jefe del Gabinete, Alberto Otárola, el exministro del Interior, Víctor Rojas, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de Gabinete, Pedro Angulo, también están incluidos en la investigación a cargo de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Otárola, señaló que las muertes en Puno se debieron a que casi dos mil personas intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca atacando a la Policía y Fuerzas Armadas. En ese sentido, afirmó que hubo un ataque claro al estado de derecho.
(Con información de agencia EFE)
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