EE. UU. ‘no tiene derecho a dar lecciones’ sobre derechos humanos, dice Cuba

El embargo de EE. UU. a Cuba está a punto de cumplir 60 años. | Fuente: AFP

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío señala que Estados Unidos “manipula” el tema de derechos humanos a su conveniencia para atacar "países en desacuerdo".

Criticado por Washington por violaciones a los derechos humanos, el gobierno de Cuba replica que Estados Unidos "no tiene derecho de dar lecciones a nadie" y denuncia la "crueldad" del embargo contra la isla, vigente hace 60 años y cuyo impacto es "mayor que nunca".

"Estados Unidos tiene una trayectoria nefasta en materia de respeto a los derechos humanos, tiene una trayectoria nefasta en materia de derechos democráticos de su población, y Estados Unidos no tiene derecho a dar lecciones a nadie", dice en una entrevista el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

"Estados Unidos no tiene derecho a hacerlo, sobre todo no tiene derecho a manipular un tema tan sensible como el de los derechos humanos para atacar a países con los cuales tiene desacuerdos", añade Fernández de Cossío, aunque admite que "todos los países, Cuba incluido, tienen mucho que mejorar en materia de derechos humanos".

Sus declaraciones se producen cuando están por cumplirse 60 años del embargo estadounidense, decretado el 3 febrero de 1962, y en momentos en que Washington redobla sus críticas ante la ola de juicios y duras condenas contra los participantes en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

"La libertad de expresión y el derecho a un juicio justo son derechos humanos universales que todos los países deben proteger y defender", tuiteó el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

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"Pretextos falaces"

Esos son "pretextos falaces" utilizados para "intentar justificar una política que rechaza la comunidad internacional y una parte importante del pueblo de Estados Unidos", advierte el viceministro, a cargo del Departamento de Estados Unidos de la cancillería cubana.

Hace una semana, la justicia cubana reconoció por primera vez que más de 700 manifestantes fueron encausados, y que otros 172 ya fueron condenados en procesos en los que "se garantizó el derecho a la defensa" y "los abogados aportaron pruebas".

La fiscalía subrayó que las manifestaciones de julio pasado, en las que miles de cubanos marcharon al grito de "Libertad" y "Tenemos hambre", se registraron en un contexto de "recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos".

Las sanciones contra Cuba se multiplicaron durante el mandato de Donald Trump, con la prohibición a cruceros estadounidenses de hacer escala en costas cubanas, amenazas de acciones legales contra las empresas extranjeras que operan en la isla y su inclusión en la lista de países promotores del terrorismo.

"El grado del cerco económico y la capacidad de Estados Unidos para ejercerlo es mayor que nunca", afirma Fernández de Cossío.

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"Difícil de olvidar"

"Si hay algo que ilustra la naturaleza cruel e inmoral del bloqueo es que, en los años 2020 y 2021, periodo más duro de la pandemia de covid-19, cuando todo el mundo estaba apelando a la solidaridad y a la ayuda, el gobierno de Estados Unidos decidió incrementar las medidas del bloqueo", añade.

Esa "crueldad" es "algo que durante varias generaciones de cubanos va a ser difícil de olvidar", anota.

Y las esperanzas de una mejora con la llegada de Joe Biden, que en su campaña habló de la necesidad de una "nueva política hacia Cuba" y evocó la idea de levantar las restricciones sobre los viajes de estadounidenses así como el envío de remesas monetarias particulares, se desvanecieron rápidamente. Ninguna sanción ha sido levantada.

"El gobierno cubano tuvo motivos para suponer que eran planteamientos honestos, o sea, que el presidente iba a cumplir con lo que prometió", explica el viceministro.

Pero, "la vida ha demostrado que no ha sido así": "el gobierno de Estados Unidos no tiene la voluntad ni la capacidad política o la capacidad jurídica para cambiar una política que sus funcionarios y una buena parte de la clase política estadounidense conoce que es fracasada y que es inmoral castigar a la población entera de un país".

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