Carlos Poveda, abogado del líder indígena, señaló que su detención fue irregular y que se le acusa de un delito en flagrancia de manera injustificada por lo que demandó el pronunciamiento de la CIDH
El abogado Carlos Poveda, defensor del líder indígena Leonidas Iza, principal promotor de las protestas contra el Gobierno de Ecuador iniciadas el lunes por la carestía de la vida, dijo estar a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acepte las medidas cautelares solicitadas para su defendido.
La petición fue realizada después de que Iza estuviese detenido durante casi un día entero por presuntamente instigar la paralización de servicios públicos, en un procedimiento que, desde el punto de vista de Poveda, tuvo numerosas irregularidades, según denunció a Efe este sábado.
"Esperamos que se pronuncien de manera ágil y rápida", manifestó el letrado sobre la solicitud planteada a la CIDH para que inste al Estado ecuatoriano a garantizar la integridad de Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La detención de Iza se produjo en la madrugada del martes, cerca de la localidad de Pastocalle, en la céntrica provincia andina de Cotopaxi, de la que es oriundo, cuando aparentemente se trasladaba en un vehículo tras la primera jornada de protestas, en la que hubo cortes de carreteras en diversas provincias del país.
Poveda negó tajantemente que en ese momento el líder indígena estuviese participando en uno de los bloqueos a las vías, como sostienen las autoridades estatales.
"Es una detención ilegal y arbitraria", reiteró el letrado, a la vez que advirtió de "bastante violento" el relato de lo que sucedió después.
Detención irregular
Con un fuerte contingente militar y policial, Iza fue sacado de su vehículo y conducido entre empujones a una camioneta blanca, "un vehículo no oficial" de la Policía, según denunció el abogado, que aseguró no haber podido contactarse con su defendido hasta 17 horas después.
En ese tiempo, Iza fue llevado por carretera hasta Quito, donde pasó la noche en la Unidad de Flagrancia, para luego pasar al colegio militar Eloy Alfaro, y de ahí en helicóptero a la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi, en la que pasó un tiempo en la cárcel de esa urbe y luego otro en una base militar hasta pasar a disposición judicial.
En la audiencia, la jueza consideró que la detención fue legal pero rechazó dictar prisión provisional contra Iza, al que le otorgó libertad condicional, sujeta a no salir del país y presentarse en un juzgado cada miércoles y viernes.
Si bien en un primer momento Iza fue detenido por sabotaje, luego en la audiencia los cargos cambiaron a autor mediato en flagrancia de paralización de servicios públicos, lo que implicaría, según Poveda, haber sido sorprendido en el instante que ordenaba esos bloqueos.
A ello se sumó que el recurso de hábeas corpus presentado durante su detención fue, según el letrado, "retrasado de manera injustificada", por lo que esa audiencia se celebró después de que Iza ya había recuperado su libertad.
"Es grave lo que está pasando", insistió Poveda, que bajo estas consideraciones dijo que ve muy probable que la Justicia ecuatoriana condene a Iza en el juicio que está programado para el 4 de julio.
Postura del Gobierno
Desde el Gobierno y la Policía de Ecuador rechazan cualquier irregularidad en la detención de Iza, al que culpan de instigar actos violentos sucedidos durante la primera jornada de protestas como la quema de un vehículo de Policía o la toma de instalaciones petroleras en la Amazonía.
La movilización continúa este sábado ante la decisión del movimiento indígena de ratificar el paro pese a los anuncios hechos el viernes por el presidente Guillermo Lasso para atender parcialmente el decálogo de demandas, como la condonación de deudas a campesinos y subvenciones para la urea, que se usa como fertilizante.
A su vez, el mandatario también decretó el estado de excepción por 30 días en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Pichincha, cuya capital es Quito, lo que implica la movilización de Fuerzas Armadas y la prohibición de manifestaciones, ante la posibilidad de que los indígenas lleguen a la capital para hacerse sentir con más fuerza. (EFE)
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