En tanto, la presidenta de la Asociación Gamarra, Susana Saldaña, indicó que el Estado pierde al año más de 1.500 millones de soles sólo por la presencia del comercio informal, "que sirve para alimentar a organizaciones criminales".
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Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, consideró que el estado de emergencia decretado por el Gobierno el último viernes 27 de septiembre es una medida populista que no contribuye con la disminución real de los casos de extorsiones registrados en diferentes puntos del país.
"El panorama es muy complicado. Nosotros desde ya hace varios años hemos venido hablando de este tipo de modalidades delincuenciales que nos están aquejando (...). Hasta el año pasado era el tema de la extorsión como tal, pidiéndote un monto de dinero para dejar de operar. Pero ahora la modalidad ha cambiado. Ahora es el cobro constante de cupos: te piden un monto de dinero que puede ser semanal, quincenal o mensual", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.
"Considero que es una medida populista, porque la declaratoria de un estado de emergencia no te garantiza nada ir contra la delincuencia. Después están hablando del toque de queda, que es en la noche, cuando realmente a ti te atacan y te asaltan en cualquier hora del día. No vemos un planteamiento de estrategia clara", agregó.
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Estado pierde 1.500 millones de soles por comercio informal
Por su parte, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra, señaló que el Estado peruano pierde alrededor de 1.500 millones de soles por el comercio informal, que sirve finalmente para alimentar a las organizaciones criminales.
"Todo emprendedor ahorita ya no sabe qué hacer. Todo el mundo sale a buscarse la suya sin costarle un sol al Estado, sin que el Estado te dé un sol. Es tu socio comercial y el 30% —a veces un poquito más— se va en impuestos. Ese socio, que es el Estado peruano, no te da capital, no te ayuda en nada, pero lo mínimo que te podría y debería dar es garantizar tu seguridad para que trabajes tranquilo. Pero eso ya no existe. Eso ya no ocurre en el Perú", manifestó en La Rotativa del Aire de RPP.
"En Gamarra hay dos tipos de situaciones por lo menos ampliamente detectadas. Uno es la extorsión al sector formal (...). Pero también está el sector informal, que le cobran el cupo con violencia, con fuerza (...). En el comercio informal cualquier ambulante que se pone en cualquier parte de Gamarra paga obligado. Y si no paga, no entra, no trabaja, no puede oponerse. Pero también se convierte en el alimento para las organizaciones criminales, para que tengan armas, para que puedan comprar armas, para que tengan más gente, brazos armados, que los golpean, que los amenazan y los sacan", añadió.
"El Estado peruano al año pierde más de 1.500 millones de soles solo por la presencia del comercio informal, que se lleva el 50% de la venta, que podría ser formal y pagar impuestos y generar empleo. Pero que todo eso sirve para alimentar a organizaciones criminales", finalizó.
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