Transportistas pararon en reclamo por ola de extorsiones: ¿qué es lo que demandan y qué medidas anunció el Gobierno?

Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, choferes y cobradores de las empresas de transportes Etuchisa, conocida como Los Chinos; Vipusa; Sesosa; Chimpún; Tigril; y Nueva Estrella, conocida como el Anconero; paralizaron actividades como medida de protesta ante la ola de extorsiones de las que vienen siendo víctimas y que ya ha cobrado varios asesinatos. 

Como se recuerda, el último sábado, una cúster de la empresa Nueva Estrella fue baleada por delincuentes cuando se trasladaba por la Panamericana Norte, en Los Olivos. El ataque tuvo como saldo la muerte de Jairo Robinson Miller, chofer de la unidad, lo que obligó al cobrador a tomar el volante para detener el vehículo.

Este crimen habría sido el desencadenante para que los trabajadores de estas empresas emprendieran la medida de fuerza, cuyo objetivo, según dijeron, es que el gobierno no los abandone a merced del crimen organizado, sino que tome medidas urgentes para garantizar su integridad. 

"Nuestro amigo ha muerto por motivos de extorsión. Están pidiendo cupos a todas las empresas y nosotros no vamos a permitir eso, tenemos que parar todo esto. Hacemos un llamado a los congresistas, al gobierno", indicó uno de los manifestantes de la empresa Nueva Estrella.

RPP estuvo en diferentes puntos donde se realizó la protesta, recogió las demandas de los representantes de las empresas y los anuncios del gobierno frente a esta situación. Este es el resumen de la jornada que, según los transportistas, no será la última. 

Demandas, bloqueo de vías e intervención de la Policía

Al promediar las 5 de la mañana, RPP llegó hasta el distrito de Ventanilla donde manifestantes de la empresa SESOSA ya se desplazaban por los paraderos La Hacienda y La Flecha, escoltados por la Policía antimotines.

Los choferes y cobradores indicaron que se movilizarían a pie hacia la sede del Ministerio del Interior (Mininter) ubicada en la urbanización Córpac, en el distrito de San Isidro. 

Dos horas después, RPP llegó hasta el km. 34.3 de la Panamericana Norte, exactamente al paradero Zapallal, donde ya se veía a decenas de usuarios haciendo largas filas a la espera de un medio de transporte que los llevara a su destino. Algunos indicaron que llevaban más de una hora esperando alguna unidad.

Fue en este punto donde ocurrió un incidente. Un sujeto que dijo ser chofer de la línea Etuchisa sacó de su bolsillo un objeto punzante con el que pretendía vulnerar una de las llantas de un bus de su propia empresa, en aparente represalia por no haber acatado el paro. No obstante, un efectivo de la Comisaría de Zapallal evitó que se concretara dicho acto. 

Asimismo, RPP pudo constatar que 'colectiveros' aprovechaban para cobrar sumas exhorbitantes a los usuarios. Tal es el caso que su tarifa de Puente Piedra a la avenida Carlos Izaguirre, en Los Olivos, oscilaba entre 6 y 7 soles. Muchos ciudadanos no tuvieron más remedio que pagar esos montos para dirigirse a sus destinos.

Por otro lado, en el paradero Rosa Luz, ubicado en el Km. 28 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra, los pocos buses que circulaban se llenaban a tope y no se abastecían para atender la demanda. Desde este punto, los colectiveros llegaban a cobrar S/20 para viajes a la av. Tomás Valle y hasta S/50 para la av. Carlos Izaguirre. 

A las 9 de la mañana, se pudo constatar que el paro no fue total, por lo que algunos manifestantes optaron por obligar a los pasajeros de los buses a bajar de las unidades con amenazas de violentar las unidades. Uno de estos incidentes ocurrió con un bus de la línea 41 que cubre la ruta Ventanilla-Villa El Salvador.

Asimismo, otro grupo formó una cadena para bloquear la Panamericana Norte en sentido norte a sur. Al cabo de, aproximadamente, media hora, la Policía arrojó bombas lacrimógenas y dispersó a los protestantes. 

Hacia la 1 de la tarde, el paredero Rosa Luz de Puente Piedra continuaba abarrotado de usuarios que esperaban vehículos para movilizarse. Además, los pasajeros de los pocos buses en servicio indicaron a RPP que algunos manifestantes amenazaban con apedrear las unidades, por lo que los choferes no se detenían en todos los paraderos. 

RPP conversó con uno de los dirigentes de la empresa Nueva Estrella, que se identificó como Edgard Víctor, quien señaló que no habían sido convocados a la reunión que se desarrolló en la mañana entre el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, representantes de la ATU y dirigentes gremiales.

“El ministro nunca se va a reunir con los verdaderos transportistas, ningún ministro. Solamente se reúnen con supuestos sindicatos de nombre, los llaman a dedo y se reúnen con ellos y hacen normas de acuerdo a lo que a ellos les conviene. Aquí están los verdaderos transportistas, los que trabajamos, los dirigentes”, sostuvo. 

Hasta ese momento, la Policía había detenido a tres supuestos cobradores que intentaron impedir el pase de un bus cerca al paradero Rosa Luz, y otro manifestante que fue trasladado a la Comisaría de Zapallal. No obstante, los choferes y cobradores anunciaron una próxima jornada de protestas para el jueves, 26 de septiembre. 

En diálogo con RPP, Edmundo Arzapalo, miembro del Directorio de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, indicó que son constantemente amenazados por criminales que les exigen sumas de dinero diarias para no atentar contras sus vidas, situación que, según dijo, lleva "buen tiempo".

"Antes (los casos) no salían en los noticieros como ahora, prácticamente se ha generalizado (la extorsión) a la mayoría de las empresas del sector urbano (...) Esto hace que nuestras economías estén quebradas”, sostuvo.

"Hay tanta gente parada, hacen daño a la economía nacional. Pedimos a la Policía que tome más seriedad con esos casos. Se necesita acción urgente”, agregó.

El vocero indicó que las extorsiones las reciben hasta por WhatsApp, y que los criminales suelen grabar el momento exacto en que son amenazados para intimidar a los demás transportistas.

Además, comentó que su sector ha reportado los casos ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía, pero que sus denuncias no habrían sido tomadas “con bastante seriedad". Por ello, emplazó al Ejecutivo tomar cartas en el asunto ante la grave situación que viven.

Por su parte, Samuel Daza, alcalde de Ancón, en diálogo con RPP, pidió declarar en emergencia su distrito, debido al incremento de casos de extorsión a empresas de transporte, pues esto afecta no solo a los trabajadores, sino también a los pasajeros.

"El transporte público moviliza casi al 80 % de los vecinos de todo Lima que usan estos sistemas para poder trasladarse (...) Hay que garantizar la vida de los vecinos que se suben a esas unidades, y como vuelvo a repetir, su único objetivo es llegar a trabajar, no tienen otra cosa que hacer ahí", dijo.

"Es importantísimo que se declare el estado de emergencia que hasta ahora el Ejecutivo nos ha negado. Hemos reclamado en miles de oportunidades (...) Sería imposible atender con esa pequeña cantidad de efectivos policiales a una a una ciudad que va en crecimiento", agregó.

¿Qué medidas ha dispuesto el Ejecutivo ante la situación?

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se reunió esta mañana con el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), generales de la Policía Nacional y representantes del gremio de transporte público para "coordinar acciones en bien de la seguridad de los trabajadores del rubro".

Tras la reunión, en entrevista con la Agencia Andina, Santiváñez anunció la creación de un grupo especial de la Policía para enfrentar los casos de extorsión. Dicho grupo, según indicó, será altamente especializado, como lo fue el desaparecido Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) que se creó, en su momento, para luchar contra el terrorismo.

"Este grupo especial va a tener la posibilidad de atender todas esas denuncias (de extorsión), sumado a la línea exclusiva que el Ministerio del Interior, que va a estar habilitada en las próximas dos semanas, y que es el número 111, donde van a poder hacer sus denuncias de manera reservada”, sostuvo. 

Además, señaló que ha indicado a los transportistas que se intensificarán los operativos por parte de la Dirección de Tránsito de la PNP contra el transporte informal, el cual también contribuiría a que se formen bandas de extorsionadores. 

"Hemos solicitado también a las empresas (de transporte) que nos compartan el listado de sus colaboradores, para de esta manera nosotros poder hacer labores de inteligencia e identificar a quienes pudieran estar vinculados con acciones criminales y poder desbaratar también estas bandas”, indicó.

El titular del Mininter agregó que habrá operativos permanentes de otros grupos especializados de la PNP como los Halcones, el Grupo Terna, y también efectivos policiales que van a estar de manera constante en los buses, con el fin de contrarrestar cualquier posible ataque.

Por último, dijo que solicitará al Ministerio Público que ordene la creación de una fiscalía especializada en delitos de extorsión y otra en casos de bandas criminales. 

Cabe señalar que, en horas de la mañana, el Mininter dispuso 4 buses de la Policía para "trasladar de manera gratuita a decenas de pasajeros, cubriendo la ruta desde el paradero Rosa Luz hasta Tomás Valle".

Por su parte, el Ministerio de Trabajo (MTPE) emitió un comunicado exhortando a los empleadores a "priorizar el teletrabajo" este día, así como que se disponga una "tolerancia de dos horas" en el horario de ingreso de los trabajadores.

También pidió "adoptar medidas flexibles" que permitan "compensar las demoras" y señaló que, "por ningún motivo", el tiempo de demora se considerará "tardanza injustificada que sea materia de sanciones disciplinarias". 

Durante la mañana, el comandante general de la PNP, Gral. Víctor Zanabria, en diálogo con RPP, señaló que no se han registrado denuncias por parte de algunas empresas de transporte que reportaron acciones delincuenciales en su contra.

"Le voy a poner el ejemplo de la empresa El Chino. Yo vi por televisión que esta empresa estaba denunciando que estaba siendo extorsionada. Sin embargo, nosotros no teníamos denuncia como Policía. Entonces, se genera un vacío", apuntó.

En esa línea, aseguró que otras empresas han accedido a depositar dinero a los delincuentes "por más de dos años", pero que, pese a ello, no han efectuado denuncias.

Asimismo, refirió que los propios trabajadores de las empresas de transporte sirven como "cajas de resonancia" para la extorsión pues, según dijo, difunden las amenazas de las que son objeto por las redes sociales y "se genera un temor en los conductores".

"Resultado: tenemos un paro de operadores de transporte porque hicieron la caja de resonancia para causarle temor a todos los conductores. Le envían una bala a la vivienda de una casa, le saca foto el delincuente, lo envía a otra empresa, estos lo comparten de inmediato y se genera el temor para que todos estén en zozobra y se vean en la obligación o en el temor de querer pagar sin poder dar información a la policía", aseguró. 

Congreso insistirá con la incorporación de la figura de "terrorismo urbano"

Por su parte, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular), en declaraciones a la prensa, invocó al pleno del Parlamaneto a aprobar el dictamen que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, lo cual establecería penas de hasta 20 años de cárcel para los criminales que actúen en bandas generando daño o miedo en las personas.

“Hoy el pleno tiene en sus manos un dictamen (…) para tipificar el delito de terrorismo urbano. Falta únicamente que se debata en el pleno, y yo espero que no sea observada por el Ejecutivo", sostuvo. 

Consultado por el motivo por el que no se aprobó antes este dictamen, Bazán consideró que se debe a "falta de voluntad política", pero que hablará "con el presidente del Congreso".

A su vez, el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, consideró que la extorsión es resultado de la falta de oportunidades laborales para los jóvenes.

"Yo considero que estamos frente a una ola de criminalidad como producto de la diferencia de clases sociales en el país. La delincuencia no se origina porque alguien aparece y dice ‘quiero ser delincuente’, sino por las necesidades y carencias que tiene nuestro país para las oportunidades laborales de los jóvenes”, apuntó.