En RPP Noticias, el abogado de Pedro Valdivia aseguró que la prueba de absorción atómica determinó que su patrocinado no realizó el disparo que terminó con la vida de un productor audiovisual en Lince.
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La Fiscalía dispuso la liberación de Pedro Narciso Valdivia Montoya (36), quien inicialmente fue acusado de asesinar a tiros al productor audiovisual Christian Enrique Tirado (31) en una fiesta celebrada el último fin de semana en Lince, la noche del miércoles, 4 de octubre. Así lo anunció su abogado Edward Álvarez.
En el programa Ampliación de Noticias de RPP, el letrado detalló que la liberación se produjo después de que la prueba de absorción atómica determinara que el joven, quien estaba detenido desde el domingo 1, no fue autor del disparo en los exteriores de la vivienda ubicada en la avenida Trinidad Moran, en Lince.
“Lo que puedo confirmar es que ayer en la noche, por disposición de la Fiscalía, le han dado libertad a Pedro Valdivia […]. Entre las 08:30 p.m. y 09:00 p.m., cuando no había periodistas cubriendo, la Policía ha dispuesto su excarcelación como consecuencia de una orden de la Fiscalía, que ha dejado establecido que él no es autor de los disparos”, precisó.
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Abogado cuestiona accionar de la Policía
Álvarez cuestionó el accionar de la Policía Nacional porque, según su versión, demoró en entregar las pericias de absorción atómica, pese a que fueron realizada el mismo día de la detención de Valdivia Montoya.
“Ha habido una actuación irregular, porque no es posible que una pericia de absorción atómica, tomada el 1 de octubre, la haya retenido y recién ayer en la noche -entre comillas- hayan tenido el resultado”, aseveró.
El letrado reiteró que, de acuerdo con la hipótesis de la PNP, Abel Valdivia Montoya, hermano de Pedro Narciso, fue quien realizó el disparo que acabó con la vida de Christian Enrique.
“Las circunstancias cómo se produjo ese disparo que causó la muerte, la Fiscalía ha dispuesto 30 días de investigación para establecer hechos”, sentenció.
Cabe precisar que Abel Valdivia, quien partió a Colombia poco después del asesinato, cuenta con una orden judicial de diez días de detención preliminar nacional e internacional.
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