por Oswaldo Palacios
. Actualizado elLa Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro respaldó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien día atrás advirtió que la iniciativa del parlamentario Montoya tiene como propósito "evitar y frustrar" las investigaciones contra altos funcionarios del Estado y "volver a los años 90".
La Junta de Fiscales Provinciales de Lima Centro rechazó el proyecto de ley que alista la bancada de Renovación Popular a fin de declarar "en emergencia y reorganización al Ministerio Público".
En un pronunciamiento, advirtió que la iniciativa que promueve el congresista Jorge Montoya busca “quebrantar el orden constitucional y el Estado de derecho”. "Invocamos el respeto a la autonomía e independencia del Ministerio Público que se pretende vulnerar con el cuestionado proyecto de ley", enfatizó.
La junta recordó que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, encargado de la defensa de la legalidad y de los intereses públicos, así como de velar por la recta administración de la justicia.
"En cumplimiento de estos preceptos, todos los representantes del Ministerio Público debemos ejercer nuestras funciones de manera independiente, y dicha independencia debe ser garantizada y respetada por todos los poderes del Estado", indicó el órgano.
Además, respaldó el pronunciamiento que emitió el pasado jueves el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, quien consideró que el citado proyecto de ley es “abiertamente inconstitucional” y busca “evitar y frustrar las investigaciones” que llevan a cabo los equipos especiales Lava Jato, Cuellos blancos del puerto, Casos con víctimas durante las protestas sociales y de Corrupción en el poder.
Qué plantea Montoya
El dispositivo de Montoya Manrique contempla cesar de inmediato a los fiscales supremos titulares por supuestamente “perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia e idoneidad propias de su función”.
En ese sentido, dice el texto, sus cargos “serán cubiertos por los fiscales superiores titulares del país en orden de antigüedad en el número señalado por ley, hasta que se elija a sus respectivos titulares”.
De esa forma, la nueva Junta de Fiscales Supremos tendrá un plazo de 180 días para “evaluar y separar al personal administrativo y fiscal no idóneo, así como diseñar e implementar las acciones de reorganización, y proponer las iniciativas de reforma legal necesarias para superar las deficiencias y problemática de la organización y el servicio fiscal a nivel nacional”.
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Oswaldo Palacios Portadista
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