Exfiscal sobre cuestionado fallo contra Sergio Tarache: "Hay que ver si los operadores jurídicos trabajaron con perspectiva de género"

El último jueves, el Poder Judicial impuso 26 años de prisión para Sergio Tarache Parra por el feminicidio de la joven Katherine Gómez, a quien prendió fuego y quemó viva a dos cuadras de la plaza Dos de Mayo, en Cercado de Lima, en marzo de 2023.

A través de su cuenta de X, el Poder Judicial informó que la resolución por este caso fue emitida en unanimidad por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Lima, luego de que el ciudadano venezolano aceptara su culpabilidad por el delito de feminicidio agravado.

Cabe resaltar que, el pasado 10 de setiembre, Sergio Tarache reconoció los cargos en su contra, aunque cuestionó el monto de reparación civil que exige el Ministerio Público, el cual asciende a 500 000 soles.

No obstante, el fallo judicial ha causado el rechazo de la familia de la víctima, ya que la Fiscalía solicitaba más de 30 años contra el criminal autoconfeso. Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, señaló que la Fiscalía apelará la sentencia, y espera que el colegiado superior pueda recapacitar y dar una condena más justa.

Ante esta situación, RPP conversó con la abogada Leticia Silva, exfiscal Superior Civil y de Familia, respecto a los fundamentos que habría tenido el colegiado para imponer dicha sentencia y los criterios que debería considerar la apelación de la Fiscalía. 

"Hay que ver si los operadores jurídicos trabajaron con perspectiva de género"

Al respecto, Silva Chávez indicó que la muerte de Katherine Gómez fue "por razones de género", y que, en la condena contra Tarache, hay que "ver si los operadores jurídicos han trabajado con perspectiva de género".

"En principio, considero que el Ministerio Público, con la doctora Castro, ha hecho un buen trabajo al acopiar elementos de convicción y posteriormente pruebas contra esta persona que, posteriormente, han formulado acusación solicitando una pena de 30 años, seis meses y 20 días", señaló la jurista. 

"Sobre la condena, con respecto al colegiado del Poder Judicial, tenemos ahí un tema de, primero, interpretación en cuanto a la aplicación de pena. El año pasado, se emitió el Acuerdo Plenario N° 01-2023 que trae las penas escalonadas, y la pena escalonada tiene que ver con delitos como este. Está establecido en el artículo 8 B del Código Penal, que establece circunstancias agravantes", agregó. 

Respecto a ello, la abogada explicó que el artículo 108 B del Código Penal indica "que el delito de feminicidio se da cuando se mata a una mujer por la condición de tal, o sea por el solo hecho de ser mujer, y tiene cuatro contextos importantes".

"Primero, la violencia familiar; segundo, la coacción, el acoso y el hostigamiento sexual; el tercero, la posición de poder, la confianza y cualquier otra relación que ponga en una condición de sometimiento a la víctima; y el cuarto, la discriminación sin necesidad de que exista una relación de convivencia", aseveró.

"En estos contextos, tenemos también agravantes. Tengo entendido que la Fiscalía identificó como agravantes (…) que esta persona había actuado con alevosía, con crueldad, utilizando fuego", acotó. 

Silva consideró que "si vamos a examinar la interpretación que ha hecho el colegiado del Poder Judicial, entendemos que ha utilizado una técnica jurídica para la reducción" de la pena.

"En principio, ha hablado de la reducción de pena, debido a que ha confesado y ha habido una conclusión anticipada del proceso. Entonces ha habido una reducción de la séptima (parte de la pena). Segundo punto, el colegiado ha desarrollado en esta sentencia el tema de varias casatorias que se han dado con respecto a la no discriminación en la aplicación de pena (…); es decir, que no se haga distingo entre ninguno de los delitos que ellos resuelven o sancionan, incluyendo este caso de feminicidio", indicó. 

Silva indicó que, desde su punto de vista, "el hecho fue planificado, no fue un hecho basado en una emoción violenta, o un hecho donde el procesado haya tenido una patología".

"El hecho fue totalmente realizado estando consciente el sujeto para cometer el acto de quemar viva a esta joven, y quitarle la vida. El hecho también suma a haberse fugado, no haberle prestado auxilio en el momento del hecho, porque lo que hace inmediatamente es que él sale, ese mismo día, para Colombia", recordó.

En ese sentido, consideró que el hecho de confesar la autoría del crimen "es una estrategia de defensa el hecho de declararse culpable porque los elementos de convicción eran claros". 

Teniendo en cuenta dicha interpretación, la exfiscal consideró que la apelación "tiene que enfocarse desde una perspectiva de género, de ver, primero, el contexto".

"Es cierto que hay que avizorar cuál es el fin de la pena: la reinserción, la resocialización y reintegración a la sociedad, pero en estos casos habría que ver si este señor es un peligro para otras relaciones interpersonales a futuro, donde podría haber una nueva víctima. Entonces, pienso que hay que esperar lo que, en este caso, la superior vaya a establecer y sobre todo qué interpretación o qué enfoque va a introducir, que va a tener relevancia, toda vez que hay un acuerdo plenario que se tomó el año pasado que tiene que ver con el tema de sancionar sin discriminación", puntualizó.