por Redacción RPP
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La Fiscalía ha solicitado 33 años y 4 meses de cárcel para los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, acusados de de pertenecer a una organización criminal, dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles.
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El caso ‘Orellana’, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, iniciará la etapa de juicio oral el próximo 21 de noviembre. El juicio estará a cargo de un juzgado colegiado de la Sala Penal Nacional y, en representación del Ministerio Público, participará el fiscal provincial José Huaylla Marín.
Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, fueron acusados de pertenecer a una organización criminal, dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles. La Fiscalía ha solicitado para ambos 33 años y 4 meses de pena privativa de la libertad.
Entre los acusados también figura el abogado y exmiembro de la Policía Nacional, Benedicto Jiménez Bacca, para quien se solicitó 26 años y 8 meses de prisión El exjuez supremo Robinson Gonzáles Campos para quien se pidió 13 años y 4 meses de prisión.
En este juicio, que será uno de los más grandes sobre lavado de activos, se determinará la presunta responsabilidad de las 64 personas naturales y 15 personas jurídicas acusadas, tras la investigación fiscal que inició en el 2014. Además, en la acusación, han sido considerados 114 hechos de lavado de activos.
En este caso, el Ministerio Público cuenta con más de 500 testigos y 5 000 pruebas documentales.
Amplían investigación preparatoria
Las audiencias se desarrollarán en el edificio Carlos Zavala Loayza, sede del Poder Judicial y está previsto que declare el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, en calidad de testigo en este caso.
En junio del presente año Poder Judicial ordenó la ampliación por 24 meses adicionales a una investigación que se le sigue al abogado Rodolfo Orellana junto a más de 60 personas por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado.
La decisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró fundada en parte la solicitud realizada por el Ministerio Público para que se ordenara la prórroga de esta investigación preparatoria, pero por un plazo de 36 meses adicionales.
Además, el magistrado determinó que 24 meses adicionales es un plazo razonable para que puedan realizarse los actos de investigación pendientes para un cabal esclarecimiento de los hechos dentro de esta investigación preparatoria, cuyo periodo inicial de 36 meses venció el pasado mes de noviembre de 2021.
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