Dichos inmuebles pertenecen a la sucesión del abogado Luis Miguel Pizarro Aranguren, fallecido en 2017, quien, de acuerdo con la tesis fiscal, sirvió como "lobista jurídico" en el proceso del Gasoducto Sur del Perú.
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El Ministerio Público realiza una incautación de seis inmuebles valorizados en un millón ochocientos mil dólares como producto de una intervención de la Sexta Fiscalía Provincial Transitoria.
Dichos inmuebles pertenecen a la sucesión del abogado Luis Miguel Pizarro Aranguren, quien falleció en 2017. Se trata de un departamento y depósitos ubicados en el primer piso de un edificio de la calle General Jacinto Lara, en el distrito limeño de San Isidro.
De acuerdo con la tesis fiscal, el abogado sirvió como "lobista jurídico" en el proceso del Gasoducto Sur del Perú, un proyecto que busca llevar gas natural desde Camisea, en la selva del Cusco, al resto del país.
Lo que se presume es que este abogado, a cambio de realizar servicios de lobista jurídico, recibió más de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
Personal del Programa de Bienes Incautados del Estado (Pronabi) llegó al edificio en San Isidro y desde la mañana de este jueves está en contacto con el fiscal para gestionar la transferencia del inmueble.
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A los nombrados se les acusa por los presuntos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, obstrucción a la justicia y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.
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No es, desde luego, el momento de hablar de la larga dictadura de Alfredo Stroessner ni de la caída del obispo presidente Fernando Lugo en Paraguay. Pero sí de asumir que la elección de Lima es un reconocimiento que nos compromete a reforzar nuestra institucionalidad, modernizar la gestión pública y combatir la corrupción.
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