El Poder Judicial admitió a trámite las apelaciones presentadas por la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini para que se revoque el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se les impuso por el caso 'Fondo Mi Vivienda'.
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El Poder Judicial admitió a trámite las apelaciones presentadas por la empresaria Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini para que se revoque el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se les impuso por el caso "Fondo Mi Vivienda" durante el gobierno de Pedro Castillo.
El juez Raúl Justiniano adoptó esta medida al determinar que los recursos interpuestos por estos investigados, a través de sus respectivos abogados, cumplió los presupuestos subjetivos, objetivos y formales que estable la ley para que sean remitidos a la instancia superior para su evaluación respectiva.
En su recurso de apelación, la defensa legal de Sada Goray también planteó que se anule la decisión que adoptó dicho magistrado en contra de su patrocinada a fin de que otro juez emita un nuevo pronunciamiento mientras que el abogado de Mauricio Fernandini demanda que su defendido pueda afrontar está investigación preparatoria bajo mandato de comparecencia simple y de considerarse necesario una comparecencia con restricciones.
La defensa legal de Sada Goray alega en su recurso de apelación que la medida que dictó el juez Justiniano Romero en contra de su patrocinada el último 03 de agosto vulnera los principios de legalidad procesal y motivación de resoluciones judiciales, mientras que, en el caso de Mauricio Fernandini, su abogado defensor alega que en este fallo hay ilogicidad de motivación y viola los principios de proporcionalidad y de presunción de inocencia.
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Audiencia a programar
El juez Raúl Justiniano también admitió a trámite las apelaciones presentadas por la defensa legal del exjefe del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo Marquina, y al ex Superintendente de Bienes Estatales, Roger Gaviria Johason, para que se revoque el mandato de prisión preventiva por 30 meses que se les impuso en este caso.
El magistrado resolvió "conceder" estos cuatro recursos de apelación y remitirlos, por prevención, a la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional para que los evalúe en una audiencia a programar con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión final respecto a la situación legal de estos cuatro investigados quienes están recluidos en penales de nuestra ciudad capital.
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder inició está investigación luego que la empresaria Sada Goray reconoció ante el Ministerio Público que pagó en efectivo más de cuatro millones de soles a Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que su entonces empresa MarKa Group obtuviera contratos en este sector durante el gobierno de Pedro Castillo.
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