por Julio Cisneros
. Actualizado elEl Poder Judicial resolvió que se formalice y continúe la investigación preparatoria contra los tres agentes policiales que, en 2008, habrían detenido irregularmente y sometido a torturas a Azul Rojas, una mujer trans.
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El Ministerio Público inició investigación preparatoria contra tres policías por la presunta detención arbitraria, torturas y violación sexual en agravio de Azul Rojas Marín, una ciudadana transgénero que habría sufrido estos vejámenes en el 2008.
Esto luego de que el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispuso formalizar y continuar con la referida investigación contra Dino Horacio Ponce Pardo, Luis Miguel Quispe Cáceres y Juan Isaac León Mostacero, presuntos autores de los delitos contra la humanidad en la modalidad de tortura agravada y de violación sexual agravada.
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Fundamentos
El fiscal provincial Luis Enrique Valdivia Calderón, representante de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, dispuso que la investigación preparatoria se lleve a cabo dentro de un plazo de 120 días para establecer las responsabilidades que correspondan.
Asimismo, comunicó su decisión a la jueza Soledad Barrueto Guerrero y, en los próximos días, deberá precisar bajo qué medida los investigados deberán afrontar el proceso, ya sea bajo prisión preventiva o comparecencia con restricciones o simple.
Cabe resaltar que, el 06 de abril del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) falló contra el Perú por este caso. La entidad consideró que la víctima sufrió la violación de sus derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a torturas, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Los hechos
El caso se remonta al 25 de febrero del 2008, cuando Azul fue detenida arbitrariamente por agentes policiales que la golpearon e insultaron por su identidad de género. Luego, en la Comisaría del distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, La Libertad, habría sido desnudada forzosamente, torturada y violada.
La versión de las acusados señala que la víctima fue detenida para verificar su identidad, pero la sentencia de la CIDH califica esta detención como "arbitraria" porque se realizó con motivos discriminatorios. Además, tras los exámenes médicos, se determinó que existió una violación sexual que dañó físicamente a la agraviada.
En ese sentido, la sentencia ordenó al Estado peruano continuar con las investigaciones necesarias para identificar y juzgar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional, así como brindar, de forma gratuita, inmediata y efectiva, el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico que requiera la víctima.
Asimismo, el Perú está en la obligación de pagar indemnizaciones a la víctima por concepto de daño material e inmaterial.
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Julio Cisneros Periodista
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