Jorge Burga, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Inpe, señaló que protestan para que los trabajadores CAS sean unificados a la Ley de de la Carrera Especial Pública Penitenciaria y, de esta forma acceder, a los beneficios sociales del reglamento.
En el quinto día de protestas, los trabajadores CAS del Inpe responsabilizan al Gobierno de posibles motines en los centros penitenciarios tras incumplir sus compromisos, como no ser incluidos en la Ley N° 290709 (Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria).
Así lo manifestó Jorge Burga, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Inpe, desde los exteriores del penal Castro Castro, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
“El premier Aníbal Torres y el ministro de Justicia [Félix Chero] se comprometieron con nosotros a impulsar una normativa que nos incluya en la Ley de Carrera 29709, que hasta el momento está incumpliendo. Ahora los penales están colapsando. Acá ha estado a punto de desatarse un motín y esto va a pasar en el transcurso de los días, porque los penales están en crisis", declaró a RPP Noticias.
Señaló que son 68 penales penitenciarios a nivel nacional que desde el martes 18 de octubre han realizado protestas para que los trabajadores CAS del Inpe sean unificados en la mencionada norma del servidor penitenciario, con la finalidad de acceder a los beneficios sociales del reglamento.
Por otro lado, los afectados también son las familias de los internos a quienes se les restringió el ingreso al penal Castro Castro.
"El martes hay una delegación que está viniendo al Inpe de los 68 penales para hacer una gran marcha aquí en Lima. Van a quedar desabastecidos los penales (...) si hay muertes o motines, exclusivamente será culpable el ministro de Justicia [Félix Chero], el premier Aníbal Torres y las autoridades del Inpe”, sentenció Jorge Burga.
Your browser doesn’t support HTML5 audio
Te recomendamos
Comparte esta noticia
Siguenos en