Policía realiza megaoperativo para desarticular una organización criminal dedicada a la usurpación de terrenos

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público realizan este viernes un megaoperativo para desarticular una organización criminal que se dedicaba a la usurpación de terrenos, entre otros delitos.

En el megaoperativo están participando 300 agentes policiales y 27 fiscales. Las autoridades están interviniendo 23 inmuebles ubicados en distintos distritos de la capital. El principal está en La Molina, donde se ha detenido al cabecilla de esta banda criminal.

Esta organización criminal operaróa a través de una empresa 'Cantogrande SRLTDA', la cual está a cargo de Sandro Enrique Antenor Herrera Granda, uno de los siete integrantes de esta presunta banda criminal, quienes fueron intervenidos por la Policía Nacional. Él fue capturado en su vivienda, ubicada en la Molina, en la cuadra 5 de la calle José León Barandarian, en La Planicie.

“Ellos captaban lugares mayormente en San Juan de Lurigancho, que es donde operaban, de zonas de personas que no tenían documentos de su propiedad. Ellos, con el afán de querer normalizarlos, les quitaban dinero. Y a los que no accedían, los denunciaban por usurpación y les ponían nuevos dueños. Esas personas presentaban las denuncias y había todo un aparato de conciliadores, jueces, etc”, dijo el comandante Manuel Peña Mogrovejo, jefe de operaciones de la Diviac, a RPP.

¿Cómo operaba esta banda criminal?  

Según la tesis fiscal, ellos detectaban a propietarios que no tenían los títulos de propiedad, pero que eran posesionarios que habían vivido por más de 50 años en una propiedad para luego entablarles un proceso judicial y quitarles sus viviendas, las cuales luego eran vendidas a terceros que eran testaferros.

Para esto, esta organización criminal habrían tenido contactos en el Poder Judicial que los ayudaban a conseguir estas resoluciones en tiempo récord para poder desalojar a los posesionarios de estos terrenos.

Los supuestos compradores, una vez que esta organización despojaba a estos posesionarios de sus terrenos, vendían estas propiedades a supuestos compradores que eran testaferros, quienes a su vez lo registraban en tiempo récord en registros públicos.

Se estima que esta organización criminal operaba desde el 2016, ha afectado a más de 150 familias y en todo es tiempo habría obtenido cerca de 15 millones de dólares.