por Redacción RPP
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La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) indicó que las campañas publicitarias del Estado deben ceñirse estrictamente a cumplir criterios técnicos. "Los recursos públicos para publicidad estatal no pueden destinarse como premio para favorecer a medios que apoyan incondicionalmente al Gobierno en perjuicio de todos los peruanos", remarcó en un comunicado.
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) rechazó este jueves el presunto manejo de publicidad estatal con fines políticos por parte del Gobierno.
En vísperas, Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros, acusó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP al jefe del Gabinete, Aníbal Torres, de tratar de impedir que el Estado contrate publicidad en un grupo mediático local, con lo que estaría contraviniendo la legislación sobre su uso.
En un comunicado, el gremio de medios de comunicación indicó que las campañas publicitarias del Estado deben ceñirse estrictamente a cumplir criterios técnicos.
"Los recursos públicos para publicidad estatal no pueden destinarse como premio para favorecer a medios que apoyan incondicionalmente al Gobierno en perjuicio de todos los peruanos", remarcó.
Asimismo, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión lamentó la actitud de los gobernantes y sus aliados, quienes vienen empleando términos despectivos hacia la prensa.
La organización anunció que se mantendrá vigilante ante las acciones del Ejecutivo "para denunciar estos hechos ante las instancias nacionales y supranacionales que sean necesarias y que pueden afectar gravemente la libertad de expresión en el Perú".
LA CONTRATACIÓN DE LOS MEDIOS NO DEBE SER ‘A DEDO’
Horas antes, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) mostró su preocupación por este caso y dijo que este supuesto direccionamiento representa un delito y un atentado contra el derecho de los ciudadanos a informarse de las actividades del Estado.
"Durante años, el Consejo de la Prensa Peruana se ha mostrado a favor de la regulación de la publicidad del Estado, siempre y cuando se establezca claramente que el beneficiario de ésta es el ciudadano –y nadie más– y que la contratación de los medios de comunicación no debe ser ‘a dedo’, sino siguiendo estrictos criterios técnicos de alcance, interculturalidad, rating y/o lectoría, tal y como lo estipula la ley actual. Sin embargo, los últimos intentos legislativos no consideran tales condiciones mínimas", refirió en un comunicado.
En ese contexto, recordó que en septiembre del año pasado invitaron al presidente Pedro Castillo a firmar la Declaración de Chapultepec, la principal acta sobre libertad de expresión de Latinoamérica, en cuyo séptimo punto señala que "la concesión o supresión de publicidad estatal [no debe] aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas".
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