Defensor del Pueblo dice que se ha desnaturalizado el contrato entre MML y Rutas de Lima

El titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, afirmó este miércoles que "se ha desnaturalizado" el contrato de concesión realizado entre la Municipalidad de Lima y Rutas de Lima en el año 2013 y señaló que el concesionario no ha cumplido con los trabajos previstos.

En entrevista con Ampliación de Noticias, el Defensor precisó que el informe sobre el citado contrato de concesión, que presentará hoy en el Congreso, no tiene opinión subjetiva, sino cuenta con el respaldo de adendas, actas, acuerdos. También contiene opiniones de la Contraloría General de la República.

"Este contrato se concibió siendo autosostenible, se concibió que iba a dar réditos económicos a la Municipalidad de Lima, es decir era oneroso, y en el transcurso de más de 32 modificatorias mediante actas y una adenda lo que se ha hecho es todo lo distinto. En primer lugar, es hoy cofinanciada y en segundo término ha dejado de ser autosostenible. Lo que eso nos lleva a decir que se ha desnaturalizado el contrato sobremanera y tenemos 50 conclusiones muy detalladas en rubros muy específicos", dijo.

Josué Gutiérrez aclaró que por mandato constitucional la Defensoría del Pueblo está obligada a ejercer la supervisión de la administración estatal para mejorar los servicios.

"Es la importancia de saber cómo el marco constitucional entrega a la Defensoría del Pueblo esa prerrogativa de supervisión de la administración estatal para ejercer la defensa justa. Y el municipio de Lima está en la obligación de cautelar y velar por los peajes, esta concesión que ha terminado en un contrato, en primer lugar, ha terminado subestimada en su valor. ¿Cómo puede decirse a la opinión pública que si este contrato fijaba un promedio de mil vehículos que iban a transitar por los peajes, a tres años se muestra que son cinco mil vehículos?", expresó.

Además, Josué Gutiérrez aseguró que en el informe "está muy detallado" que Rutas de Lima no ha cumplido con la ejecución de acuerdo con los cronogramas" y citó como ejemplo la vía Ramiro Prialé. También sostuvo que poco tiempo después de la firma del contrato Rutas de Lima inició la cobranza de tarifas "sin inversión de por medio".

Posición de Rutas de Lima

Cabe indicar que el martes 13 de febrero, Rutas de Lima comunicó a la Defensoría del Pueblo que no participará en la presentación del informe sobre la concesión de vías.

Además, indicó que el documento fue elaborado sin solicitar sus aportes y sin su intervención, por lo cual las "conclusiones a las que se arriben en dicho documento podrían contener información inexacta y/o reflejar ciertos sesgos".

"Reiteramos nuestra profunda preocupación por el comportamiento de la Defensoría del Pueblo, que viene cuestionando la validez del proyecto y afirmando una inexistente vulneración al interés público, pese a carecer de competencias para ello, y en desconocimiento pleno de una serie de decisiones jurisdiccionales que confirman que el contrato de concesión es válido, eficaz y no vulnera derechos", afirmó en una carta.

Alza de tarifa y medida cautelar

El viernes 19 de enero, la concesionaria Rutas de Lima anunció que desde el martes 30 de enero se haría efectiva el alza de la tarifa del peaje a S/ 7.50. 

"La aplicación de esa fórmula contempla la aplicación de la inflación acumulada de la ciudad de Lima. Rutas de Lima no ha realizado ajuste tarifario en dos años", explicó el gerente legal de Rutas de Lima, Ives Becerra.

Sin embargo, el 26 de enero el Séptimo Juzgado Civil Subespecialidad en lo Comercial de Lima declaró fundada una medida cautelar solicitada por la Asociación Casa Huerta de El Paraíso, que exige a Rutas de Lima no ejecute el cobro de peajes en Puente Piedra. 

En un comunicado del 29 de enero, Rutas de Lima informó que, a pesar de no ser notificada de la medida cautelar y ni haberse ejecutado por el Juzgado de Puente Piedra, procedió a suspender el cobro del peaje en la garita de Chillón desde las 10:00 de la noche.

Asimismo, el 1 de enero la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Procuraduría Pública, interpuso una denuncia penal a Rutas de Lima por el delito contra la fe pública en la modalidad de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, por impedir el uso de los carriles que forman parte del peaje de Puente Piedra.