Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano (ACTU), indicó que algunos miembros de su asociación también han reportado ser víctimas de la ola de extorsión contra los transportistas.
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Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, en diálogo con RPP, indicó que el paro convocado para el próximo jueves, 10 de octubre, tendrá una duración de 24 horas y que podría extenderse de manera indefinida si el Parlamento no deroga la Ley N° 32108 que modificó la normativa referente al crimen organizado.
Al respecto, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios del Transporte Urbano (ACTU), en diálogo con RPP, señaló que algunos miembros de su asociación también han reportado ser víctimas de la ola de extorsión que aqueja a transportistas y a diversos sectores de la ciudadanía.
"Tenemos algunos asociados que sí (son víctimas); sin embargo, estamos siguiendo el conducto regular como corresponde, con el respaldo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú. Vemos que hay un trabajo de desactivación de algunos actos al margen de la ley y eso, de alguna manera, nos permite seguir teniendo la garantía para poder seguir prestando el servicio", sostuvo.
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No obstante, el gerente de la ACTU indicó que su asociación no acatará el paro del próximo 10 de octubre, y consideró que dicha medida responde a "fines políticos" del sector informal.
"Realmente, las asociaciones que estamos representando a las empresas formales del transporte urbano no vamos a parar el día 10", señaló.
“Nosotros rechazamos el pretender, de parte de algunas organizaciones, utilizar este clamor de seguridad con fines políticos. Si bien nosotros exigimos al Ejecutivo que tiene que ver las garantías del caso para que no caiga ningún conductor más (...), esto no se puede mal usar no con otros fines, como ahora vemos que, por ejemplo, los grupos de los informales también pretenden sumarse a este supuesto paro”, agregó.
En esa línea, Mendoza consideró que el paro que tuvo lugar el pasado 26 de septiembre fue una auto convocatoria "de los mismos conductores, y no fue de ninguna asociación", pero indicó que los gremios que están convocando para el jueves "están aprovechando esta ola, digamos, de requerimiento de seguridad para poder darle otro matiz".
"He visto en un medio que ellos están pidiendo que la ATU los formalice (...), y nosotros debemos tener claro que estamos en un momento tan difícil en el transporte de Lima y Callao, y no podemos permitir que prevalezca la informalidad, la micro transportación cuando lo que requerimos todos es ir a la macro transportación, porque estamos en una situación muy complicada en congestión vehicular y contaminación", aseveró.
"Tenemos un grupo de concesionarios, que es el Metropolitano y los corredores complementarios, (cuyos) servicios no pueden parar, porque hay un contrato de concesión de por medio y tienen que garantizar el normal funcionamiento para prestar el servicio a favor de los usuarios (...) Tenemos un gran grupo, que es el 90 % del servicio de transporte urbano en Lima y Callao, que es el transporte regular o tradicional, a nivel de este transporte, el día viernes, ya un representante, que es Ricardo Pareja, nos ha hablado que hay una unión gremial, han anunciado que no van a parar", añadió.
Asimismo, señaló que es "prudente" lo anunciado por el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, respecto a que le darán un mes al gobierno para ver resultados en la lucha contra la extorsión.
"Yo pienso que es una declaración prudente, porque siempre hay demandas y exigencias para mejorar el transporte en la ciudad. Ya estamos en reuniones permanentes que ha instalado el ministro de Transportes y Comunicaciones y el nuevo presidente de la ATU, y realmente nos ha dado los lineamientos principales de lo que va a resultar el nuevo transporte para Lima y Callao, y creemos que nosotros, con esas nuevas políticas que se van a aplicar, el gran beneficiado va a ser el usuario", puntualizó.
¿Cómo afecta la inseguridad ciudadana en los pequeños negocios?
Imaginemos a un emprendedor que, con esfuerzo y dedicación, abre su pequeño negocio, solo para enfrentarse a amenazas constantes de extorsión y robos. Estos hechos obligan a muchos a cerrar sus locales, pagar cupos y reducir sus horarios de atención. Esta es la realidad de miles de peruanos hoy. Según el INEI, en el primer semestre de 2024, el 86.1% de la población percibió un aumento en la criminalidad. Además, entre enero y julio, se registraron casi 10 mil actos delictivos, entre ellos extorsiones y robos a negocios.
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