Desborde de la delincuencia y criminalidad organizada en el Lima y el Callao, según análisis de expertos

El general (R) de la Policía Nacional José Baella, asesor de la Municipalidad de Lima, y el criminólogo Nicolás Zevallos, exviceministro en Seguridad Pública, analizaron en Enfoque de los Sábados el desborde de la delincuencia y criminalidad organizada en el Perú.

"Justo reclamo"

Baella señaló que la inseguridad ciudadana que vive Lima y el Callao en las últimas semanas es un fenómeno que está afectando no solamente en los conos de la capital, sino en cualquier parte de la ciudad, en medio de un estado de emergencia por casos de sicariato y extorsión.

"Se está afectando a las personas y se está afectando especialmente al transporte. ¿Por qué? Porque hemos visto hechos ya de sangre, donde ha habido ciudadanos que hacen uso de este sistema de transporte y han sido victimados. Entonces, ante esta situación, yo creo que lo que se tiene que hacer es una reacción rápida del Estado concatenada en una serie de acciones para poder salir de este atoro que estamos viviendo constantemente en la ciudad de Lima", dijo.

Consideró que el primer paro de transportistas ocurrido hace dos semanas tenía un "justo reclamo" al exigir al Estado el derecho a laborar en "paz y tranquilidad". Pero, aseguró, que la medida radical de los últimos días forma parte de un reclamo de una situación política relacionada a la derogación de la Ley de Crimen Organizado.

"El crimen organizado no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana (...) lo que está viviendo el ciudadano de a pie es muy diferente. Es solamente la delincuencia que tiene muchas cabezas. Yo, de con mi teléfono celular, puedo, desde una azotea, extorsionar a muchas personas. Y eso no es crimen organizado (...) creo que con esta tipificación se ha definido bien (...) la gente de a pie, los bodegueros, ellos o los transportistas están pidiendo que el Estado haga acciones inmediatas para cortar esta situación de la extorsión de los sicariatos y no necesariamente puede ser crimen organizado", señaló.

Para el general Baella, no "es justo" que un sector de transportistas intente poner contra la pared al Congreso con un paro a nivel nacional para que se derogue la Ley del Crimen Organizado.

"GEIN Metropolitano"

En relación de la creación de un Grupo Especial de Inteligencia Nacional (GEIN) Metropolitano, Baella explicó que esto trabajará como una especie de puente entre los vecinos y la Policía Nacional en base a la "gestión de la información privilegiada" de la comuna limeña.

"Vamos a empezar con Lima Cercado captando la información especialmente de las personas que son extorsionadas, con un sistema de recompensas para la persona que denuncia, y lógicamente procesada por la policía (...) es un esfuerzo que se va a hacer, que tiene una serie de acciones que vamos a hacer en el camino, pero ya tenemos un software, ya tenemos una oficina y también tenemos una línea abierta donde el ciudadano estará llamando para denunciar oportunamente", dijo.

"La seguridad es la base del Estado"

El exviceministro Nicolás Zevallos sostuvo que hay dos niveles de discusión en la interpretación del paro de transportistas ante las extorsiones y cobro de cupos. Para el criminólogo, es la primera vez que se observa un paro exigiendo el servicio público más esencial del Estado: la seguridad. 

"No podemos ponernos teóricos, pero la seguridad es la base del Estado y que la ciudadanía esté exigiendo públicamente al Congreso y al Ejecutivo, que les aseguren calidad de vida y que les aseguren tranquilidad, es un punto sí de quiebre, es un asunto de discutir, quiere decir que es relevante", opinó como primer punto.

 Y como segundo nivel de discusión, Nicolás Zevallos indicó que es necesario diferenciar el crimen organizado de la organización criminal.

"En el caso de crimen organizado hablemos en todo caso del fenómeno criminal y organización criminal como el tipo penal que es el que se ha modificado. Es una discusión un poco distinta que, si bien pertenece al mismo fenómeno, son cosas particulares. El gran problema de esta modificación y la gran pregunta que hay que transmitir el Congreso es: ¿qué justificación existe en este momento para que el tipo penal de crimen organizado no incluya la extorsión?", cuestionó.

Apoyo de las municipalidades a la PNP

Nicolás Zevallos aclaró que a nivel local el responsable político de la seguridad ciudadana es el alcalde y aseguró que existe un marco legal suficiente para permitir que las municipalidades inviertan en dar soporte operativo, logístico, e infraestructura a la Policía y a la Fiscalía para poder operar con mucha más intensidad.

"Es posible que las municipalidades desplieguen iniciativas para darle apoyo, apoyo a la labor de la Policía. Se ha hecho en algunas municipalidades. Por ejemplo, Chorrillos hace un hace un año aproximadamente destinó un edificio completo a Grupo Terna, la Municipalidad de San Martín de Porres, entiendo que ha habilitado un espacio para Los Halcones. La Municipalidad de Magdalena y de San Miguel han desplegado medidas para darle espacio, soporte operativo y logístico también a la Policía. Y no es coincidencia que son las municipalidades que han tenido mejor impacto en materia de seguridad ciudadana", expresó.