por Redacción RPP
. Actualizado elLa Defensoría del Pueblo concluyó que las afectaciones se generaron por "la inclusión ilegal" de una nueva unidad de peaje en la carretera Panamericana Norte, conocida como el nuevo peaje Chillón, así como por el "pacto de redondeo de la tarifa de peaje en perjuicio del usuario".
La Defensoría del Pueblo concluyó que el contrato de concesión suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y Rutas de Lima S. A. C “es lesivo y vulnera derechos”.
En un documento, el organismo autónomo cuestionó la inexistencia de una vía alterna a la unidad de peaje Chillón (en el sentido Lima – Norte) y de la prohibición de su instalación, lo cual “vulnera el derecho al libre tránsito”.
También analizó la aplicación del redondeo en las tarifas a favor de la empresa y consideró que “afecta los derechos de los usuarios y vulnera el derecho de propiedad”. “Todo ello se encuentra expresamente prohibido por la Constitución Política y el marco legal vigente”, indicó.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo recomendó al Congreso de la República modificar el decreto legislativo N.° 1362, que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos, para que se incorpore en los procesos de elaboración y ejecución de los contratos de concesión, mecanismos de participación ciudadana y de evaluaciones con enfoque de derechos, así como prohibir que cualquier contrato suscrito mediante APP restrinja el ejercicio de atribuciones propias del Estado, especialmente la construcción, mejoramiento, habilitación o rehabilitación de infraestructura pública, tales como vías públicas.
"El contrato perjudica a los usuarios"
De acuerdo con la entidad, las afectaciones se generaron por la "inclusión ilegal" de una nueva unidad de peaje en la carretera Panamericana Norte, conocida como el nuevo peaje Chillón, sentido Lima-Norte, así como por "el pacto de redondeo de la tarifa de peaje en perjuicio del usuario".
“El año 2017 se produjeron protestas en la zona que solo cesaron con la suspensión de la nueva unidad de peaje Chillón. Esta decisión de la comuna ha generado una deuda económica a la Municipalidad Metropolitana de Lima con el concesionario, superior a los 216 millones de soles, que se incrementará mensualmente hasta el fin de la concesión en el año 2046, menoscabando el presupuesto municipal y la atención de otras necesidades de la comuna”, remarcó.
Asimismo, la institución expresó que “el redondeo aplicado a las tarifas de peaje, ilegalmente pactado en el contrato, ha perjudicado a los usuarios, favoreciendo a Rutas de Lima con una recaudación adicional de más de siete millones de soles, en desmedro del derecho de propiedad y rompiendo el principio de defensa de los consumidores y el equilibrio entre los intereses del particular con los de la comunidad”.
La Defensoría del Pueblo también mencionó que las “cláusulas transgreden el artículo 65 de la Constitución y el artículo 44 del Código de Protección al Consumidor y que el contrato perjudica a los usuarios de las vías y no ha previsto un mecanismo de devolución del redondeo realizado en perjuicio del usuario”.
Añadió que ni el contrato ni su ejecución han establecido como premisa el bien común, la dignidad humana, los principios democráticos, la convivencia pluralista o los derechos fundamentales de las personas.
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