Alcaldes de San Isidro y Miraflores se oponen a construcción de edificios con más de 20 pisos en sus distritos

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, y el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, se mostraron en contra de la construcción de edificios que superan largamente las disposiciones de cada distrito, lo que afirman que afecta la calidad de vida de sus vecinos.

En diálogo con RPP, Vizurraga indicó que 3 000 habitantes del distrito han firmado un memorial para oponerse a la construcción de estos inmuebles. Dicho documento fue entregado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) tras una movilización que encabezó la propia alcaldesa el pasado viernes, 27 de septiembre.

Pese a que se coordinó una reunión para este miércoles, Vizurraga dijo que se vieron sorprendidos por una disposición que "atenta contra la Ley de Municipalidades", pues le quita a los alcaldes "la facultad de seguir velando por los intereses de nuestros vecinos".

"Es el Decreto Legislativo 1675. Atenta contra los reglamentos de la ley 29090, las normas de carácter nacional, las normas de carácter local provincial y las normas de carácter local distrital", apuntó.

La alcaldesa precisó que ya se mantuvieron reuniones con la presidenta Dina Boluarte, quien "entendía la problemática"; sin embargo, aseguró que "existe una incongruencia" desde el Gobierno, pues se mantienen a funcionarios en el MVCS que "inducen al error".

Cabe precisar que el Tribunal Constitucional emitió recientemente el auto de Ejecución de la Sentencia 302/2023, en el que anuló los artículos 26.1 y 26.2 del Reglamento de Vivienda de Interés Social, aprobado por el Decreto Supremo N.º 006-2023-Vivienda, que establecían beneficios urbanísticos como la altura máxima y la densidad en la construcción.

"La sentencia del Tribunal Constitucional aclaratorio agarra y ratifica que dice, señores, el único que puede poner parámetros, densidades y zonificaciones es el municipio", apuntó Carlos Canales.

Pese a esto, con la emisión del DL 1675, Canales aseguró que "se violan todas las normas" respecto a edificaciones, por lo cual este mandato resulta "inconstitucional".

"No sé quién puede asesorar a la presidenta de la República para hacerle firmar un decreto legislativo que es anticonstitucional, porque nuestras facultades están reconocidas como municipios dentro de la Constitución. Cualquier documento menor que quiera limitar nuestras funciones es anticonstitucional", dijo.

De acuerdo con la alcaldesa de San Isidro, en este distrito existen 20 proyectos autorizados por revisores urbanos y dos por una comisión técnica, que incluyen edificaciones de 32 pisos en lotes de 580 metros, pese a que para esta cantidad de niveles no debería ser menor de 1000 m.

Presunto lobby de constructoras

Pese a las restricciones, Canales aseguró que estas construcciones habrían obtenido la luz verde de los revisores designados por el MVCS debido a un presunto "lobby" por parte de las constructoras ante la Defensoría del Pueblo, cuyo titular "en vez de defender a los vecinos, ha salido a defender a las constructoras".

"El papel de revisor urbano me parece extraordinario en lugares donde no existan comisiones técnicas de los municipios. Miraflores tiene tres, San Isidro creo que también tiene tres. Eso significa que no necesitamos revisores urbanos porque hay la suficiente capacidad técnica de las municipalidades para resolver", refirió.

En la reunión de este miércoles, Canales espera encontrar "coherencia" en la gestión y esperar que se cumpla lo dicho en la Constitución respecto a las facultades de los municipios respecto a las construcciones. Según su versión, los revisores buscaban tener la facultad de otorgar la conformidad de la obra, colocándose "por encima del alcalde".

"Se está haciendo las cosas mal, los vecinos nos reclaman, quieren residencialidad, quieren tranquilidad, no la tugurización de un distrito. Esta es una serie de cosas en las cuales no todos estamos locos, todos somos coherentes, pero el Estado debe ser el que regule estas normas", dijo.