Ley MAPE: especialistas analizan proyecto del Ejecutivo que reemplazará al Reinfo

El Gobierno presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley 9555/2024-PE, Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE. Entre sus disposiciones, plantea la eliminación del Decreto Legislativo N.º 1351, que exime de responsabilidad a los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi consideró que, si bien existe una mejora con esta nueva legislación, no ahonda en el problema de la fiscalización por parte del Estado y su capacidad y recursos para aplicar las normas.

En diálogo con RPP, Herrera precisó que, desde el 2001, la actividad minera ilegal se ha intensificado en Madre de Dios, Puno y otras regiones, principalmente debido al aumento del precio de los minerales. Una primera reacción -precisó- se dio en 2012 con la implementación de un primer marco legal para tomar acciones de interdicción a través del Ejército.

"Hubo una intervención de las Fuerzas Armadas contra los mineros ilegales, que se destruyó maquinaria en Madre de Dios. Lo que sucede es que eso no lo pueden mantener permanentemente porque es muy costoso. Hay una logística, un desplazamiento, es un costo muy alto y creo que los mineros ilegales lo sabían. Entonces, lo que hacían es retirarse, dejar que se cancele el Estado y volver a lo mismo", apuntó.

Por otro lado, la ley permitirá la celebración de contratos de explotación entre el titular de una concesión minera solicitada al Minem y una persona natural o jurídica que desarrolla actividades de pequeña minería o minería artesanal.

Asimismo, se precisa que el incumplimiento de la norma ambiental será causa de resolución de dicho acuerdo, con responsabilidad de los productores mineros y el propio titular de la concesión, quienes deberán remediar el daño ambiental.

Sobre esto, el exministro apuntó que la ley establece beneficios para el concesionario, como la exención del pago por el derecho de vigencia y otros estímulos. Sin embargo, precisó que el costo por una potencial infracción a la norma ambiental no podría ser asumido por los mineros artesanales, quienes previamente han exigido condiciones justas en los contratos.

"Los pequeños mineros lo que sienten es que el país está concesionado y que a ellos no los dejan actuar en una zona que es para ellos su medio de vida y su medio de poder subsistir. Entonces, ese es el tema difícil", refirió.

Herrera destacó la importancia de realizar una transición ordenada para los más de 80 mil inscritos en el Reinfo, cuya vigencia se ampliará por seis meses desde el 1 de enero de 2025.

"El próximo año nos la vamos a pasar en una situación parecida a la actual. Pero lo principal es definir, diferenciar entre lo que es el pequeño minero y la minería ilegal. El Estado al que tiene que combatir es a la minería ilegal, no al pequeño minero", mencionó.

Medidas contra mineros ilegales

Por su lado, la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, consideró que el Ejecutivo se demoró en la presentación del proyecto de ley; pero destacó que este otorgue seis meses a los gobiernos regionales para culminar los procesos activos derivados del Reinfo.

"Es un tema central para conducir realmente un proceso de formalización minera que pueda llegar a buen cuerpo y excluir a todos aquellos mineros ilegales que se han camuflado, que se han protegido con este registro", dijo.

Bustamante consideró que será importante marcar la línea entre la pequeña minería-minería artesanal, con las actividades ilegales, pues se buscará darle integridad al sector con la eliminación del DL 1351 que exime de responsabilidad penal a los inscritos en el Reinfo.

"Hay como 64 000 registros suspendidos. (Deben) concentrarse en mirar esos 64 000 y cuáles son los que finalmente están dilatando los procesos, siendo ilegales que no quieren formalizarse. De los 64 000, el 23 % más o menos está activo. Quiere decir que ese grupo al parecer son los que quieren formalizarse y los suspendidos son los que están incumpliendo todavía los plazos y los procesos", apuntó.

Bustamante consideró que se deben tomar medidas rápidas para separar a este último grupo, a fin de que sean puestos a disposición de la Fiscalía para las acciones correspondientes en materia penal, una labor que debe coordinarse entre el Ejecutivo y el sistema de justicia.

Ley MAPE permitirá realizar un trabajo de fiscalización en campo

César Ipenza, abogado especialista en minería ilegal, mencionó que la propuesta para la transferencia de los expedientes al Gobierno constituye una medida necesaria, pues el Ejecutivo es quien asume una responsabilidad que los gobiernos regionales no podían resolver.

Como parte de las políticas de control, la propuesta incluye el fortalecimiento de la supervisión a través de gobiernos regionales y organismos como OEFA y Osinergmin, lo que, para Ipenza, permitirá un trabajo efectivo en la fiscalización.

"Permitiría verdaderamente realizar un trabajo en campo. Y el tema de, luego, fiscalizar este Reinfo, que en la práctica no ha sido nunca fiscalizado. Hemos visto también cómo había 1 500 mineros muertos que seguían declarando producción, alcanzaban documentación hasta agosto o julio de este año", dijo.

Durante la ampliación del Reinfo, sostuvo que se debe trabajar en implementar medidas eficientes, eficaces e inmediatas para la lucha contra la corrupción dentro de los gobiernos regionales, pues serán ellos los encargados de autorizar, supervisar y fiscalizar las actividades mineras; además de formalizar y renovar los contratos, de acuerdo con la nueva ley.

Para Ipenza, quienes no hayan cumplido con los requisitos para permanecer en el registro "es porque ni siquiera han cumplido" las exigencias que se solicitaba y tampoco tenían la voluntad de hacerlo.

"Partamos también de sincerar y de excluir a aquellos que no cumplan las condiciones, aunado a aquellos que están muertos, que ya hemos visto que en la práctica simplemente se mal utiliza este Reinfo para generar impunidad, porque aquellos que estaban inscritos en ese Reinfo no son susceptibles de sanción penal", comentó.