Después de demandar el retorno a la presencialidad a las Instituciones Educativas nos encontramos nuevamente con la violencia escolar, ahora más expuesta a través de las pantallas de los celulares, dispositivos masificados entre los escolares desde tempranas edades. Cuando las imágenes se viralizan en las redes nos da la sensación que la violencia física, psicológica y sexual ha aumentado después de la pandemia, pero no es así. De acuerdo al registro de SISEVE – MINEDU, en lo que va del año se han presentado 1923 casos y en 2019 fueron 4078 en el mismo periodo.
La situación no es menos preocupante, la violencia escolar del personal del sector educación hacia los escolares y entre escolares no puede normalizarse o atribuirse a los llamados peyorativamente: inadaptados, violentos, de familias disfuncionales, como venimos escuchando en las declaraciones de las madres y padres de familia que piden sanción y expulsión. Tengamos en cuenta que en el 41% de los casos reportados, los abusos son cometidos por el personal de las Instituciones Educativas contra los escolares ¿Cómo propiciar la convivencia con tan malos elementos?
Vivimos en una sociedad donde la violencia es trasmitida por los medios amarillistas; las niñas, niños y adolescentes la viven cotidianamente en sus hogares, calles y redes sociales; y la población en general la sufre en el transporte y servicios públicos. Es así que, uno de los casos más impactantes fue el de un escolar que termino inconsciente cuando un grupo de sus compañeros lo asfixió. Se sospecha que se debió a un reto promovido en las redes sociales.
Cuando analizamos las cifras de violencia escolar encontramos que comienza en edades tempranas y aumenta progresivamente: 8% de los casos reportados corresponden al nivel inicial, 39% en primaria y casi 53% en secundaria, siendo la violencia sexual la causal de los reportes en un 30% de casos. El tratamiento a estos últimos demanda una atención intersectorial de mayor complejidad y no solo del sector educación a través de las acciones de las áreas de tutoría y convivencia escolar. Cuanta falta hace trabajar la educación sexual integral, hoy amenaza por el PL 904 del Congreso de la República que esperamos sea observada por el ejecutivo.
Las niñas, niños y adolescentes han sido las principales víctimas de la pandemia por los múltiples daños colaterales que les ha ocasionado. Ahora que han vuelto a las Instituciones Educativas, necesitan fortalecer su seguridad, enfrentar sus duelos y recuperar el control de sus impulsos. Para ello requieren ser queridos, cuidados, protegidos, escuchados y tomados en cuenta para abrir el camino hacia la convivencia pacífica, el dialogo y tratamiento del conflicto. La educación que reciben debe facilitarles el reconocimiento y trato respetuoso para que sus diferencias por apariencia, procedencia, capacidades, género, identidad sexual, opinión o lengua no sea más un motivo de maltrato, discriminación y acoso. Lograrlo dependerá también de la educación en familia y comunidad y de todas las instituciones públicas y privadas en la sociedad peruana, no podemos eludir la responsabilidad.
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