En el artículo anterior, le hemos indicado, a nuestra asidua lectoría, los parámetros en los que insertamos nuestro análisis de la coyuntura: evitar el tecnicismo de los juristas y la excesiva relatoría de la data. Pues, consideramos que el esclarecimiento y la revisión de la historiografía nos otorgan la pauta necesaria para evaluar el estado actual de la res política peruana.
En ese sentido, resultaría inevitable mencionarnos acerca del cambio de Constitución, y del tipo de evolución que va tomando el sistema de partidos. Ambas cosas implican la confluencia del orden jurídico y el acuerdo político; sin embargo, mientras la instalación de una Asamblea buscaría superar el caos social para arribar a la estabilidad y organización plenas del Estado, el desarrollo de los partidos políticos, más bien, podría darse independientemente de si hay o no estabilidad social. La movilización y la ideología partidarias han sido más consistentes en tiempos convulsos, originando una adhesión militante más genuina.
Si el orden democrático implica el orden liberal económico del mercado, entonces, ¿para qué los partidos políticos? Sin embargo, indicar esto va en contra de un bloque bibliográfico de las ciencias sociales, el cual asevera que es en democracia que los partidos políticos tendrían una existencia plena. Consideramos que esto sería cierto solo si suscribimos la definición reduccionista de los partidos políticos a su impronta electoral.
Asimismo, si las condiciones económicas son ajenas a las mayorías, el cambio de Constitución sería uno de los caminos, superando otro craso reduccionismo: la Carta de 1993 ha traído estabilidad y crecimiento y que el problema es un problema de gestión. Es innegable que gestionar contribuye al logro de objetivos, pero la inclusión social y la desconcentración del ingreso de las élites sociales son objetivos que no se pueden gestionar, sino conquistar. Pero es en este entrampamiento, que un sector de políticos busca cierta postura ecléctica: no hay que cambiar la Constitución, solo hay que reformarla.
Prontamente, unos aducen que solo hay que reformar el capítulo económico de la Constitución, otros, que es el diseño del aparato estatal, y entonces generan proyectos de ley para retornar a la bicameralidad. Pero nosotros consideramos que quizá se podría iniciar el debate planteando una nueva función del Banco Central de Reserva; es decir, que no solo procure la estabilidad de la moneda, como se indica en el artículo n°84 de la Constitución de 1993, sino que cumpla una función social, como indicaba el artículo n°152 de la Constitución de 1980. Pero consideramos que sería un debate que las élites no querrán proponer.
Podemos vislumbrar quizá una conclusión general, a partir de nuestro razonamiento: la coyuntura política, no es lo que dispone como oferta informativa los mass media. De hecho, si apagamos la televisión y damos lugar al silencio, inmediatamente lo real de lo político se nos presenta: hombres y mujeres entregando su fuerza de trabajo, a fin de granjearse el salario que les permita reproducir esa misma fuerza de trabajo, aunque diariamente. Es decir, la coyuntura política es la tensa relación entre el Capital, el Trabajo y en medio de ellos una entidad abstracta pero cuya identidad es una: el Estadomercado.
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