Después de 30 años de existencia, es urgente y necesario que la Ley General de Pesca se actualice. No ha cumplido con el objetivo de asegurar pesquerías sostenibles ni de lograr beneficios para todos los actores del sector porque, entre otras falencias, no incluye aspectos como la transparencia y la participación ciudadana, ni tampoco contiene principios claves como el de la sostenibilidad. En el mismo sentido, el cambio climático y la trazabilidad están ausentes en la ley vigente.
La pesca artesanal que provee el 80% de los recursos marinos que comemos los peruanos, es otro aspecto que recibe escasa atención en la ley. Actualmente solo reconoce dos categorías: la pesca industrial y la artesanal. Esta última, agrupa a una gran diversidad de actividades por lo que es imperativo distinguir las selectivas de aquellas que se realizan con redes de cerco y arrastre mecanizado que operan sin ninguna restricción. La recategorización protegerá las especies en su estado juvenil, el lecho marino y reducirá los conflictos entre pescadores con diferentes aparejos que operan cerca de la costa.
En el mismo sentido, es importante que la ley incluya la protección de las cinco millas respecto a las flotas de mayor escala o industriales. Si bien está vigente, lo es mediante un Decreto Supremo, expuesto a su modificación, en especial en el sur, con serias consecuencias en los recursos costeros que son el sustento principal de las pesquerías artesanales de esa zona del país
Por otro lado, en la normativa actual no existe la condición de recurso sobreexplotado lo que implica que no se establezcan medidas precautorias para evitar el agotamiento de determinadas especies.
Es bastante generalizada la demanda de actualizar la Ley General de Pesca. Ya es tiempo de reducir la deuda histórica con la pesca artesanal. Ésta no puede esperar más.
Juan Carlos Sueiro Economista
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