El Estado indefenso

Es conocida las muy pocas capacidades del Estado peruano para cobrar las multas que ha impuesto por la trasgresión de diferente normativa, en diversos sectores. La fácil judicialización de estas es, sin duda, una de las estrategias más recurrentes que con alguna frecuencia es noticia en los medios y que posterga por un tiempo largo su cobro o simplemente no son cobrados.

Una amnistía o reducción generalizada de sanciones alienta la reincidencia de los actos y, además, resulta siendo, si se paga algo, bastante menor que el valor que se obtenga con una actividad no permitida. La ya escasa capacidad disuasiva, es mermada aún más con medidas como estas.

El Ministerio de la Producción ha promulgado recientemente el DS 007-2022-PRODUCE que establece una reducción de 90%, 70% o 50% según sea de menos a más el monto de las multas.

El argumento esgrimido es la pandemia y las restricciones que conllevó. El cierre de restaurantes fue un duro golpe para la pesca artesanal, que fue declarada como esencial. Por ejemplo, la pesca de anchoveta en la zona norte centro -que da cuenta del 90% de las capturas de anchoveta- buena parte de la cuarentena más estricta se dio en el periodo habitual de veda. Por ello, se decidió reducir las multas para prácticas no permitidas en la regulación. Sin embargo, algo no cuadra.

Un reciente artículo del portal El Foco da cuenta de las empresas que más multas se les ha impuesto desde que inició este gobierno son empresas que reciben anchoveta que debe ser usada para la producción de alimentos para el consumo de las personas.

Ya resulta irónico que mientras que recientemente se ha dicho, frente a la amenaza alimentaria que enfrenta el país debido a la escasez de fertilizantes agrícolas, que se necesita más alimentos pesqueros y menos harina le reduzcan la multa a los que usan anchoveta para el consumo de las personas para hacer harina de pescado.

Además, es inaceptable que se utilice algo tan grave y doloroso como la pandemia el pretexto para favorecer a un grupo minoritario de empresas (comparado con el total existentes en el sector pesquero peruano) y que han sido sancionadas por trasgredir, en algunos casos de manera reiterada, la regulación pesquera.

De hecho, en conversaciones personales con representantes de la pesca artesanal en diversos lugares del litoral han expresado su rechazo a esta medida. Una fracción minoritaria es de la pesca artesanal (la más afectada por el COVID-19 económicamente y en la salud) y cuentan menos recursos para cumplir los requisitos para tramitar esta reducción.

Sin embargo, medidas como estas no son solamente de ahora y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Es una práctica relativamente antigua, en el país. La más reciente en el sector pesquero es de enero del 2018. se dieron 60 días útiles para reducir en 59% las sanciones impuestas. Cuatro años después vuelve a reducirse sin ninguna evaluación, al menos pública, de la reducción anterior, que tipo de involucrados fueron los más beneficiados si hay una reincidencia por parte de ellos u otros criterios de evaluación.

Está aún pendiente estimar e identificar a los mayores infractores desde abril del 2018, que se cumplió el plazo de la generalizada reducción de multas que comentamos. Esto dará el panorama completo sobre los beneficiarios de esta nefasta decisión

El mensaje que queda es que tarde o temprano habrá reducciones indiscriminadas de sanciones lo que alienta las practicas prohibidas en las actividades pesqueras. Estamos asistiendo a una tendencia creciente que busca la impunidad y el avance de las actividades ilegales y hoy en día ha llegado al sector pesquero peruano como este Decreto Supremo lo evidencia.