El pasado 23 de abril el presidente Pedro Castillo declaró en Cusco su intención de presentar un proyecto de reforma constitucional al Congreso que permitiera consultar a la ciudadanía si se deseaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la cual tendría por finalidad la redacción de una nueva Constitución Política que reemplazaría a la vigente desde 1993.
Esta acción despertó un fuerte debate político respecto a la idoneidad política y social de semejante medida. Entre los argumentos de los impulsores de la Asamblea Constituyente se sostiene que el impulso no sería tan fuerte en Lima, pero sería gravitante fuera de la capital.
En este contexto diversos voceros de izquierda sostienen que en buena medida las movilizaciones vistas en las últimas semanas tanto en Junín como en Cusco responden en gran medida a un reclamo por la Asamblea Constituyente. Parte de la izquierda sostiene inclusive que existe una demanda ciudadana tan fuerte en favor de una Asamblea Constituyente que una posible negativa por parte del parlamento a viabilizar el mencionado referéndum llevaría a altos niveles de movilización social, los cuales podrían forzar al congreso a cambiar su postura hacia una de respaldo a la propuesta presidencial, algo similar a lo que pasó en Chile.
La veracidad de este tipo de afirmaciones puede ser medida empíricamente mediante un estudio de opinión pública. Se podría ver que algo definido como una masiva demanda ciudadana debería ser considerada por muy importante para la población.
Un reciente estudio de IPSOS realizado los días 21 y 22 de abril nos permite estimar cuáles son las líneas de acción que la ciudadanía considera que deberían ser prioritarias para el gobierno de Pedro Castillo. Como se puede observar, el impulsar una Asamblea Constituyente sería la décima prioridad entre las distintas alternativas.
En general las opciones más mencionadas son aquellos con efectos directos sobre la calidad de vida de las personas, como la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el control de la inflación.
El componente ético de la demanda ciudadana parece canalizarse más hacia la lucha contra la corrupción que hacia una medida con mayor carga ideológica como la Asamblea Constituyente.
La baja prioridad relativa de la Asamblea Constituyente es un dato muy importante puesto que nos indica si existe la motivación para organizarse en un movimiento social capaz de presionar a la institucionalidad publica hacia un cambio de Constitución.
Centro Wiñaq Investigación & Consultoría
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