El 7 de diciembre Pedro Castillo intentó mediante el uso ilegal de la fuerza disolver al Congreso e intervenir en los demás poderes públicos. Ese mismo día Pedro Castillo fue vacado por el Congreso y detenido por la policía y se dio la juramentación de Dina Boluarte como presidenta. En los días siguientes se desencadenó una oleada de manifestaciones en distintos puntos del país. Estas manifestaciones se han caracterizado por un elevado grado de violencia, fatalidades y una amplia cobertura geográfica.
Las consignas más visibles de los manifestantes han sido cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y renuncia de Dina Boluarte. Sin embargo, no es tan fácil asignar motivación clara a los manifestantes. Esto debido a que los manifestantes no responden a mando unificado, sino que han sido convocados por múltiples organizaciones independientes entre sí, aunque con afinidades ideológicas.
Respecto a las motivaciones de los manifestantes, se les ha caracterizado de diversas formas. Una es aquella que considera que son desafectos a la clase política y que la consigna “que se vayan todos” y “cierren el Congreso” son sus grandes movilizadores. Otra versión, más ideológica, insiste en que las manifestaciones son resultado del descontento ante el “modelo neoliberal” y ponen en énfasis en el reclamo por una “Asamblea Constituyente”.
Durante los meses de intensa lucha política que caracterizaron al gobierno de Pedro Castillo se convocaron a movilizaciones tanto en favor del “Cierre del Congreso” como de la Asamblea Constituyente. El 10 de noviembre se convocó a la marcha titulada “La Toma de Lima” que tenía como principal consigna “El cierre del Congreso” y como complemento la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La movilización fue capaz de convocar a unos pocos miles de manifestantes y fue de una trascendencia política mucho menor que las actuales protestas. Ello pese a las semanas de preparación de la movilización, el apoyo de gran parte las fuerzas políticas y el soporte, cuando menos discursivo, del gobierno central. Anteriormente, el 7 de mayo se convocó a una marcha favorable a la realización de una Asamblea Constituyente, esto en momentos en los que el presidente Castillo estaba impulsando un proyecto de ley destinado a viabilizar dicha asamblea. Esta marcha fue de reducido impacto político y con un bajo grado de recordación.
Esto eventos nos comunican que el poder de convocatoria de estas causas, tanto “Cierre del Congreso” como “Asamblea Constituyente”, es reducido cuando se da de manera autónoma. Esto es un indicio de la existencia de factores adicionales que han determinado que las recientes movilizaciones hayan sido de una trascendencia claramente mayor a las pasadas.
Los resultados de un conjunto de estudios de opinión publica nos permiten sugerir que es el rol de Pedro Castillo, como símbolo político más que como gobernante, el principal factor que diferencia la presente coyuntura de aquellas pasadas. Los resultados de un reciente Estudio de Opinión Publica de Ipsos nos permiten sostener que la afinidad a Pedro Castillo está fuertemente asociada a la disposición a la movilización.
Al preguntar las preferencias de la opinión publico respecto al futuro de Pedro Castillo, un dato rescatable consiste en la presencia de un 25 % de la población que desearía que Castillo regresara a la Presidencia de la Republica. Si bien la opción más popular es que Pedro Castillo se mantenga detenido mientras se le juzga (49 %), uno de cada cuatro peruanos quisiera su retorno a la presidencia. Este es un sector minoritario de la sociedad, pero como veremos, políticamente relevante.
Se realizaron preguntas a la opinión pública respecto a ideología y disposición a movilizarse de manera conjunta con la disposición a reposición de Pedro Castillo en la presidencia. Esto nos permite ver el apoyo a su reposición entre distintos sectores de la opinión pública. Entre aquellos que se autoidentifican como izquierdistas este apoyo llega a un 45 %, entre aquellos que han salido a marchar es 40 %, entre los que planean unirse a las manifestaciones se llega a un 53 % y entre quienes afirman que planean realizar diversas acciones de protesta se llega a un 47 %. Esto nos deja claro que entre un 40 % y 53 % de los sectores movilizables se alinean con la postura más “Castillista” posible, la cual sería su reposición. Ello a pesar de la conducta abiertamente golpista del expresidente y las evidencias de corrupción durante su gobierno. La reposición de Pedro Castillo es un imposible legal e institucional, pero ello no impide a sectores de la opinión pública que esta sea su opción favorita.
Esta sobreposición entre “Castillismo” y movilización se puede percibir con mayor claridad cuando se desagregan los resultados a nivel macrorregional. En el sur del país, justamente la zona donde la movilización social ha tenido mayor intensidad, se percibe un mayor apoyo a la reposición.
Durante su gobierno Pedro Castillo desplego una narrativa de victimización que facilito que un sector de la población considerara que se trataba de un presidente “del pueblo” hostigado por un conjunto de ricos y poderosos que no permitían que un rondero, campesino y profesor rural ejerciera la presidencia. Para este sector minoritario pero importante de la sociedad la salida de Pedro Castillo resultó en un evento emocionalmente movilizador y personalmente sentido que consignas más políticas e ideológicas que el cierre del Congreso o la Asamblea Constituyente. Lo que estamos viendo ahora puede ser consecuencia de meses de trabajo político desde la presidencia de la república, cuyas consecuencias son ahora visibles.
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