¿Debemos aceptar candidatos presidenciales con condenas criminales?

A principios del mes de septiembre del presente año, el congresista Carlos Anderson, otrora integrante de la bancada de Podemos Perú, presentó un proyecto de ley con el fin de modificar la Ley nº26859 de Ley Orgánica de Elecciones, la cual buscaría bloquear el acceso de sentenciados por homicidio y secuestro al máximo oficio de representación popular, la Presidencia de la República.

La pregunta que salta la mente es ¿qué puede significar para un sistema democrático que una persona condenada por asesinato y por secuestro llegue a la más alta magistratura y al máximo poder político en un país presidencialista, como el Perú? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos, y en especial de la oposición, si llega a presidente y comandante de las FFAA y de la Policía Nacional una persona con tales antecedentes?

¿Qué opinan los peruanos de tales reformas? De acuerdo a información recopilada por IPSOS-Perú, cerca de un 85% de la población se opone a que personas con sentencias de aquel tipo busquen el sillón presidencial, y cerca del 50% ha señalando que estarían “muy en desacuerdo” con ello. Esos resultados correspondían tanto a la población de Lima como del interior del país. Resultados similares son respaldados por grupos focales que realizamos en el Centro Wiñaq. En dichos grupos focales, los participantes sugerían que se diesen reformas para fomentar una mejor calidad (ética y de capacidad) de los candidatos para cargos de elección popular.

Algunos comentaristas y opinólogos discrepan de la opinión mayoritaria de la población en ese campo y dicen que una norma que restrinja los derechos políticos de personas con antecedentes de asesinatos y secuestros serían un claro intento de detener las ambiciones presidenciales del recientemente liberado Antauro Humala, condenado por el secuestro y asesinato de 4 policías en Andahuaylas.

En los últimos años, un amplio número de personajes con denuncias e investigaciones han tomado roles activos en la política nacional. El caso de Daniel Urresti, candidato a la Alcaldía de Lima, no es un condenado pero sí viene siendo investigado por la muerte del periodista Hugo Bustíos en 1988, como narra el diario La República. También el Sr. Óscar Zea, breve titular de la cartera de Desarrollo Agrario y Riego entre febrero y mayo del presente año, quien cuenta con dos denuncias por homicidio, reportado por el diario ABC de España. El protagonismo político de esas personas genera preocupación sobre nuestra democracia, pero el caso del sr. Humala sería aún más grave, pues no es una denuncia ni una acusación sino una sentencia condenatoria por 19 años.

Algunos analistas opinan que prohibir que una persona con aquellos antecedentes pueda postular provocaría un rechazo popular. Este primer sondeo apunta a que este rechazo sería muy bajo, apenas del 15%, mientras que el respaldo del 85%.