Los estallidos sociales en Chile y Colombia: lecciones políticas para el Perú

El 6 de octubre del 2019 entró en vigencia un alza de 30 pesos en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, en Chile. Tras el incremento, miles de estudiantes se organizaron para evadir masivamente el pago, lo que comenzó a generar roces con la policía. Los niveles de violencia escalaron el 18 de octubre, cuando un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes y los carabineros obligó al Ministro del Interior, Andrés Chadwick, a invocar a la Ley de Seguridad del Estado contra los jóvenes. Paralelamente, comenzaron a aparecer focos de protestas, saqueos y disturbios en varios puntos del país, lo que forzó al presidente Sebastián Piñera a decretar estado de emergencia y toque de queda en las comunas del Gran Santiago. Al día siguiente, la protesta había corrido como reguero de pólvora y ya estaban en quince de las dieciséis capitales regionales.

¿Por qué la ciudadanía protestaba? De acuerdo con el experto e investigador César Jiménez-Yáñez (2021), no “eran 30 pesos, eran 30 años”. Vale decir, el estallido fue un desahogo de décadas, donde la ciudadanía se hartó de cargar un “modelo económico que se implantó en dictadura, se aceptó en transición y se validó en democracia”. Al momento del estallido, de acuerdo con el experto, Chile era el país más caro de la región en cuanto a servicios públicos se refiere; era uno de los 10 países en el mundo más caros en transporte público; la educación superior era la única en América Latina donde todas las universidades (públicas y privadas) son de paga. Además, Chile cuenta en un sistema de salud pública “privatizado”, que cobra como mínimo entre 10% y 20% del costo de cualquier atención médica.

Durante el estallido, que abarcó de octubre 2019 a marzo del 2020, fallecieron 34 personas y hubo 3 mil 400 heridos, muchos de ellos debido al trauma ocular. Tal era la gravedad de la situación, que el Colegio Médico y la Sociedad Chilena de Oftalmología exigieron a los Carabineros y las Fuerzas Armadas que dejaran el uso de balines y otros tipos de proyectiles como medidas de disuasión ante las protestas.

Ante la profundidad del desborde, el presidente del Senado, Jaime Quintana, sugirió retomar el proceso constituyente iniciado durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, el cual Piñera archivó. Poco después, el 23 de diciembre, ante la presión popular, el presidente Piñera aprobó una reforma a la Constitución que permitió realizar un plebiscito sobre si los ciudadanos estaban de acuerdo o no con la necesidad de una nueva carta magna. Este plebiscito fue calificado por los expertos como una salida a la crisis que ahogaba al país.

Poco después, otro país sudamericano vivía un estallido social por razones muy similares a lo visto en Chile. En abril del 2021, en aras de cumplir con los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, el entonces ministro de hacienda colombiano, Alberto Carrasquilla, propuso la Ley de Solidaridad Sostenible. Dicha ley suponía incrementar los impuestos a la clase media que gane el equivalente de 663 dólares americanos mensuales, afectando a los productos de primera necesidad, y a los servicios públicos básicos hasta ahora exentos. Las protestas, en medio de la ferocidad de la pandemia, no se hicieron esperar. En todo el país comienzan a aparecer manifestaciones, derribo de estatuas y disturbios. Ante esta situación de convulsión, el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de la fuerza policial y el toque de queda en las principales ciudades. Al ser esto insuficiente, el 30 de abril, Duque autoriza la militarización de Colombia.

De acuerdo con el portal France24, durante los tres meses de estallido social, el gobierno mantuvo una narrativa de confrontación extrema con los manifestantes. Para la administración Duque eran "vándalos" y "terroristas". Incluso los llegó a acusar de estar de estar pagados e infiltrados por guerrilleros y narcotraficantes, financiados por Rusia y Venezuela, y ser azuzados por Gustavo Petro. Algo que hasta la fecha no se ha podido demostrar. Como era de esperarse, los resultados de la represión fueron brutales. La ONG Human Rights Watch ubicó en 67 el número de fallecidos. Por otra parte, la ONG Temblores reporta 2 mil 905 casos de violencia policial incluyendo 21 casos de violencia sexual. A su vez, la Fundación para la Libertad de Prensa documentó 149 agresiones a periodistas.

¿Cómo Colombia pudo dejar atrás el estallido social? Un factor crucial fue la cercanía de las elecciones presidenciales generales, cuya primera vuelta se celebró el 29 de mayo de 2022, vale decir, prácticamente un año después de iniciado el estallido. Las citadas elecciones se convirtieron en una válvula de escape a nivel democrático.

A manera de conclusión, ¿qué lecciones nos dejan lo vivido en Chile y Colombia? Considero que en aras de detener la violencia y las muertes, estas experiencias canalizaron democráticamente el hartazgo y furia popular mediante propuestas de cambios refundacionales en el país, vía asamblea constituyente, o a través de la elección inmediata de nuevas autoridades. Dado que la precariedad de la clase política peruana es más profunda que la de sus pares chilenos y colombianos, es necesario hacer una combinación de ambas, elecciones inmediatas y consulta sobre la constituyente, con objeto de hallar la tan ansiada válvula de escape.