La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) trae confirmaciones y sorpresas. Entre las confirmaciones destacan la altísima desaprobación del Congreso, que llega a 88%, y de la presidenta Dina Boluarte, que se sitúa en 71%. No obstante, la sorpresa está referida a la Asamblea Constituyente (AC). El porcentaje de ciudadanos que está a favor de que se convoque a una AC para cambiar la Constitución, subió de 47 a 69 entre mayo del año pasado y enero 2023, es decir 22 puntos porcentuales ¿Quiénes apoyan más la AC? El sur con 81%, el mundo rural con 78% y el sector socioeconómico E con 79%. En otras palabras, los segmentos de la sociedad históricamente más discriminados y olvidados del Perú.
¿Por qué hay tan significativo incremento a favor de la AC? La respuesta es multicausal, no obstante, destaco la enorme desaprobación del Congreso, vale decir, al existir un segmento mayoritario en el Parlamento que defiende a capa y espada a la Carta Magna de 1993, se genera el efecto contrario en la ciudadanía. Sin embargo, considero que existe otro factor más profundo, que el modelo implementado hace treinta años no ha traído prosperidad en los segmentos más excluidos del país.
¿Qué tipo de estrategia debemos implementar para alcanzar el bienestar? El semanario británico Nature, una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial, puede dar algunas luces. En un artículo publicado recientemente, Nature indica que la economía mundial está estructurada en función al crecimiento, es decir la concepción de que las empresas, las industrias y las naciones deben aumentar la producción cada año, independientemente de si es necesario. Para esta publicación, esta dinámica está acelerando el cambio climático y el colapso del medioambiente.
Ante este escenario, destacados investigadores en economía ecológica plantean un precepto diferente: el decrecimiento (degrowth). De acuerdo con Nature, los países deben dejar de lado el crecimiento del producto interno bruto (PIB) como objetivo principal, y sustituirlo por un enfoque que satisfaga las necesidades y el bienestar de las personas. Esta perspectiva, que ha cobrado impulso en los últimos años, puede permitir una rápida descarbonización, detener el deterioro ecológico y mejorar los indicadores sociales.
Es importante señalar que los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas sugieren que las políticas de decrecimiento deben considerar varios aspectos clave, entre los que destacan los siguientes: Primero, reducir la producción innecesaria. Esto significa limitar sectores dañinos con el planeta, como los combustibles fósiles, la carne y los productos lácteos producidos en masa, la fast fashion o moda rápida, la publicidad, los automóviles y la aviación, incluyendo aviones privados.
Un segundo punto, probablemente el más importante, es la mejora de los servicios públicos. Para Nature es necesario garantizar el acceso universal a servicios de salud, educación, vivienda, transporte, Internet, energías renovables y alimentos nutritivos de alta calidad. Para el semanario británico, “los servicios públicos universales pueden generar sólidos resultados sociales sin altos niveles de uso de recursos.”
Un tercer aspecto tiene que ver con fomentar la creación de empleos verdes. Esto capacitaría y movilizaría mano de obra en torno a objetivos sociales y ecológicos urgentes, como la instalación de energías renovables, el aislamiento de edificios, la regeneración de ecosistemas y la mejora de la atención social. Un cuarto elemento se vincula con reducir el tiempo de trabajo. Esto podría lograrse bajando la edad de jubilación, fomentando el trabajo a tiempo parcial o adoptando una semana laboral de cuatro días. Estas medidas reducirían las emisiones de carbono y liberarían a las personas para participar en el cuidado y otras actividades de mejora del bienestar.
Ante la pregunta de cómo se financiaría este cambio de paradigma, Nature sugiere eliminar los subsidios para la extracción de combustibles fósiles y gravar industrias ecológicamente dañinas. A su vez, impuestos sobre el patrimonio también se pueden utilizar para aumentar los recursos públicos y reducir la desigualdad.
A manera de conclusión, considero que es acertado transitar de una visión que apostaba todas sus fichas al crecimiento económico hacia un modelo que privilegie el bienestar y las necesidades de las personas. Los chilenos, en su segunda intentona constituyente, ya han agregado esta noción. Es momento de incorporarlo al debate público.
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