El riesgo del país inviable

El 26 de julio del 2022 publiqué en este espacio que era necesario que Pedro Castillo diera un paso al costado y que “la postura republicana sería que la vicepresidenta asuma un gobierno de transición e impulse una serie de reformas profundas, cuasi refundacionales del sistema político…”. Cuatro meses después de mi columna, el expresidente Castillo daba un fallido golpe de estado, propiciando su caída.

No obstante, Dina Boluarte sin un ápice de lectura política, dispuso mantenerse en el gobierno a sangre y fuego.  Las consecuencias de dicha decisión agravaron el caos heredado de la gestión Castillo y profundizaron los problemas estructurales no resueltos de la sociedad peruana, colocando al país en un terreno muy peligroso. Veamos.

En materia de seguridad ciudadana, la percepción es que el crimen organizado avanza de manera incontenible. Sicariato, trata de personas, minería ilegal, cobro de cupos, tala, narcotráfico se están adueñando del país. Lugares como Pataz, Trujillo, Condesuyos, Chala, la Rinconada, Madre de Dios entre otros ya son “tierras liberadas”, donde el Estado prácticamente no ejerce control. La tendencia es la que debe encender todas las alarmas. Un estudio del Observatorio de Conflictos Mineros (2023) indica que la minería ilegal e informal está ya presente en 25 millones de hectáreas a nivel nacional, ocupando casi medio millón de personas.

En el rubro económico la situación tampoco pinta bien. Actualmente la economía está en su peor momento en 25 años, sin contar la pandemia, de acuerdo con data del BCR. Además luego de 22 años, el gobierno incumplirá la regla fiscal, incrementando el déficit. La destrucción del tejido empresarial también empeora, el INEI reportó que 144 mil empresas cerraron en 2023, 142% más que el año anterior.

De igual forma, la dimensión política está en cuidados intensivos. Dice Latinobarómetro (2023) que Dina Boluarte es la mandataria con peor aprobación de la región. A su vez, el congreso con su paupérrimo 6% (IEP), rompe todos los records de rechazo. El Barómetro de las Américas (2022), ya daba cuenta que la clase política peruana es percibida como la más corrupta de  América Latina. Claramente una situación insostenible.

Por su parte, el entorno de los DDHH se ha deteriorado significativamente. Ha pasado un año de los trágicos sucesos que derivaron en la muerte de casi medio centenar de peruanos y al momento de escribir estas líneas no hay ni un solo detenido. La Fiscalía de la Nación poco y nada avanzó en las investigaciones, incrementando la sensación de impunidad.

No obstante, desde mi perspectiva el aspecto más grave es el nutricional. El último informe de la FAO, señala que nuestro país tiene la inseguridad alimentaria más alta de América del Sur. El Índice Global del Hambre (2023), que estudia la subalimentación, vale decir, la ausencia de nutrientes, vitaminas y carbohidratos, así como el retraso en el crecimiento infantil, halló que Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Loreto, Puno, Ucayali, Junín, Cusco y Pasco están en una situación nutricional “grave”, acercándose a  lo “alarmante”, vale decir el estándar del África subsahariana.

Ante este panorama, ¿está todo perdido? Considero que no. En respuesta a esta situación límite, comienzan a surgir “brotes verdes”, es decir grupos de ciudadanos e instituciones que buscan abordar los serios problemas del país desde una perspectiva estructural e integral. Espacios como “Un nuevo pacto social” que albergan universidades, organizaciones sociales y grupos empresariales apuntan en este sentido.

A manera de conclusión, la evidencia apunta que la situación del país es la más compleja en los últimos 30 años. Para enfrentar estos retos, considero impostergable un gobierno de transición, que con el apoyo de la academia, organizaciones sociales y sector privado, materialicen elecciones generales en el más breve plazo. Sin embargo, este nuevo proceso electoral debe ir acompañado de un mínimo de reformas institucionales en aras de mejorar la calidad de la representación política.