¿Cómo enfrentamos la inseguridad ciudadana? Una propuesta de gestión pública

Los niveles de inseguridad en el Perú se encuentran fuera de control con tendencia a empeorar. Hace pocos días la prensa daba cuenta que los delitos de sicariato y extorsión crecen exponencialmente en nuestro país. De acuerdo con data de la Policía Nacional del Perú, en lo que va del año 2023, el delito de sicariato se ha incrementado 50% en relación con el mismo periodo del año anterior. Sobre las extorsiones, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, afirma que el 60% de sus asociados ha sido víctima de extorsiones y 20% del cobro de cupos. 

Al respecto, el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú́”, presentado a fines del 2022, calculaba que este flagelo mueve en el país alrededor de 7 mil millones de dólares por año, cifra superior al conjunto de presupuesto asignado al sector Interior, incluida la policía, al Ministerio Público, al Poder Judicial y al sector Defensa. Para agravar el panorama, el diario el País de Uruguay publicó una investigación que denotaba que el sistema penitenciario peruano es el que peores condiciones presenta de todos los países estudiados de América Latina. La gravedad de la situación ya comienza a llamar la atención fuera de nuestras fronteras. El portal Global Index ubicó a Lima entre las 25 ciudades más peligrosas del mundo, con peor desempeño que la nigeriana Lagos, la Ciudad de México o Bogotá. 

Ante este panorama ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Hasta el momento identificamos dos. Primero, anunciar con bombos y platillos la implementación del Plan Bukele en el país, que finalmente quedó en nada. Segundo, lanzar el “Plan Boluarte”, que se ha traducido básicamente en la declaratoria de estados de emergencia, que tampoco han tenido impacto alguno en la lucha contra el crimen. Para colmo, la alta rotación de funcionarios continua, desde el año 2016 a la fecha han pasado 22 ministros del Interior, un cambio cada 4 meses.

Entonces ¿qué hacer? La gestión pública puede ofrecer una salida. Desde el 2020, el Estado peruano ha invertido tiempo y dinero diseñando políticas públicas para enfrentar la inseguridad ciudadana. Para tal fin se ha convocado a expertos nacionales y extranjeros, se organizaron audiencias descentralizadas con la participación de la sociedad civil, el sector privado, la academia y el Estado. Todo bajo el paraguas metodológico de CEPLAN.

Producto de este meticuloso y arduo trabajo se aprobaron cuatro políticas nacionales con horizonte temporal al 2030: i) Política Nacional contra el Crimen Organizado, ii) Política Nacional Penitenciaria, iii) Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana y, iv) Política Nacional contra la Trata de Personas y sus Formas de Explotación.

No obstante, a pesar de que dichas políticas comenzaron a aprobarse hace tres años, poco y nada se ha informado sobre su implementación. Es necesario que, en un ejercicio democrático, el gobierno rinda cuentas sobre los avances, dificultades, retos y alcances de cada una de estas políticas ¿Cómo? A través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Este espacio, que es presidido por el Presidente del Consejo de Ministros, es el ámbito idóneo para que el Poder Ejecutivo explique y haga docencia en cadena nacional sobre la estrategia contra este flagelo.

A manera de conclusión, la evidencia nacional e internacional indica que la inseguridad ciudadana y el crimen organizado avanzan sin control en el Perú. Ante esta situación, el gobierno presenta estrategias y planes que caen en saco roto por no tener sustento. Por ende, es necesario rescatar aquellas herramientas de gestión ya diseñadas y aprobadas por el Estado, para enfrentar esta compleja situación. El diseño institucional, a pesar de sus dificultades, ya está, es el momento de echarlo a andar.