Bajo las falsas promesas de un buen salario, mejores condiciones de vida y apoyo económico para su familia, el trabajo doméstico es una de las tres actividades en nuestro país donde se presenta con mayor frecuencia el trabajo forzoso.
En nuestro país existen aproximadamente 400 mil personas registradas que realizan trabajo doméstico remunerado. De ellas, el 95% son mujeres, apenas el 35% ha culminado sus estudios primarios y un 12% no tiene ningún tipo de estudio, de acuerdo al Plan de Acción de cumplimiento de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores del hogar 2019 – 2021.
Estas cifras convierten al trabajo doméstico en un sector sumamente vulnerable a sufrir trabajo forzoso. Este delito, según define la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es toda actividad o servicio que se le exige a una persona bajo amenazas y en contra de su voluntad. Un delito que atenta contra la dignidad humana y el derecho a la libertad de trabajo.
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) indica que dentro de las tres actividades económicas en las que se presenta con mayor frecuencia el trabajo forzoso está incluido el trabajo doméstico. Para entender cuándo esta actividad se convierte en un delito, RPP conversó con Yván Montoya, abogado y profesor de Derecho de la PUCP.
Múltiples condiciones de vulnerabilidad
“Mujeres, menores de edad, en situación de pobreza y, en muchas ocasiones, de ámbito rural. Ese es el perfil principal de las víctimas de trabajo doméstico forzoso”, detalla Montoya. Una suma de factores de vulnerabilidad a los que se puede agregar una lengua materna diferente al español, lo cual también podría desencadenar en un fuerte desarraigo cultural, añade.
“Son personas que están lejos de casa y les es difícil regresar. En el lugar donde están trabajando no tienen familia, ya que la mayoría proviene de zonas de sierra, rurales y de la selva”, señala. Así, según el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), las menores que laboran como empleadas del hogar se convierten en víctimas de trabajo forzoso al ser captadas a través del ‘padrinazgo’.
El ‘padrinazgo’, explican, es una práctica donde un menor de edad es encargado por sus propios padres a terceros, quienes les ofrecen vivienda, alimentación y/o estudios. A cambio, el o la menor debe apoyar en labores domésticas. La realidad, sin embargo, es que la víctima no llega a recibir ninguno de estos beneficios, e incluso se les retiene su DNI para evitar que escapen de la casa, indica el IDEHPUCP.
A partir de los casos que ha podido investigar, Montoya explica que las menores laboran entre 10 a 12 horas al día en casas de 200 metros cuadrados, junto a otras dos o tres personas, con quienes comparten un cuarto dentro del inmueble. Agrega que, en muchas ocasiones, las víctimas no reciben un salario, pues los señores de la casa consideran que basta con darles alojamiento y alimentación.
“Si les pagan, es muy poco, bajo la idea de que la familia invierte en su comida, colegio o pasaje de venida. Entonces, allí hay un enganche. A eso podríamos agregar casos donde hay reiterado maltrato”, señala. Incluso, añade, si es que les dan una tarde libre los domingos, al no conocer la zona, ellas apenas salen por los alrededores.
Visibilización, prevención y denuncia
Montoya precisa que las organizaciones sindicales son un mecanismo al que las víctimas pueden recurrir para denunciar casos de trabajo doméstico forzoso, además de ser actores importantes en la realización de campañas de prevención frente a estos escenarios, ya que el caso de las trabajadoras domésticas se encuentra sumamente normalizado en nuestro país.
Además, la OIT sugiere la promoción de actividades de capacitación, sensibilización y concientización dirigidas a los afiliados de estos propios gremios sindicales, así como a los miembros de colectivos especialmente vulnerables a caer en las redes de este delito. Para iniciar una denuncia, Montoya indica que las víctimas pueden comenzar este proceso acercándose a la comisaría.
El experto sostiene que en casos donde sí se ha dictado una sentencia, las menores acudieron primero a oficiales policiales quienes, luego de una investigación, informaron a la Fiscalía sobre los hechos para finalmente llegar a instancias judiciales. Sin embargo, agrega, existe la posibilidad de que las propias autoridades policiales ignoren la gravedad del delito y no prosigan con la denuncia.
“Cuando someten a proceso judicial a estas señoras, se sienten absolutamente sorprendidas, ellas están plenamente convencidas de que les estaban haciendo un favor. Les pagaban alguito, les daban una cama y alimento. Entonces, ¿cómo eso se puede entender como trabajo forzoso? No lo entienden, hay un tema cultural fuerte que hay que ir rompiendo”, finaliza.
RPP y CHS Alternativo organizan "Paremos el Trabajo Forzoso", una campaña que busca advertir e informar a la población sobre esas actividades que muchas personas realizan en contra de su voluntad y bajo engaños, intimidación o amenazas. Esta iniciativa tiene como fin, además, brindar información sobre cómo prevenir el trabajo forzoso y cómo actuar frente estos casos.
Si se conoce o está en una situación de trabajo forzoso, puede denunciar a la Línea 1818 del Ministerio del Interior, la comisaría o cualquier fiscalía a nivel nacional, así como a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La atención es gratuita, segura y confidencial.
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