Reparaciones justas son claves para que víctimas de trabajo forzoso retomen su proyecto de vida

Al menos 3 millones de peruanos habrían sido sometidos a una situación de trabajo forzoso en algún momento de su vida y sin saberlo, de acuerdo con una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Este delito, el cual consiste en la prestación de un servicio o actividad por parte de una persona en contra de su voluntad y bajo amenaza de cualquier tipo de pena, fue tipificado en nuestro Código Penal en 2017 y, desde entonces hasta el 2020, el Ministerio Público registró 28 denuncias con 46 víctimas reconocidas.

Cicatrices visibles e invisibles

Encontrarse en una situación de trabajo forzoso no solo trae consecuencias a nivel físico, sino también a nivel psicológico y social. Por un lado, la falta de equipos de protección para realizar las labores y el uso de la violencia por parte de los explotadores para retener a sus víctimas puede dejar secuelas tanto internas como externas.

En el caso de actividades que requieren la manipulación de insumos químicos o cercanía al fuego, las víctimas podrían presentar lesiones oculares o en la vía área, además de quemaduras y golpes, afirma Ana Ladera, coordinadora del Centro de Atención Legal y Psicosocial de CHS Alternativo.

Asimismo, el sentimiento de culpa invade a la víctima durante la explotación y después de haber sido rescatada por sentir que no fue precavida. “Consideran que, si no hubiera creído en esa oferta laboral, si no hubiera previsto las condiciones laborales del lugar o la forma en la que iba a desempeñarse, nada de esto estaría pasando”, apunta la especialista.

Ladera sostiene también que quienes enfrentan una situación de trabajo forzoso, ven alterado su proyecto de vida, ya que se les priva de una serie de oportunidades para desarrollarse y autocompletarse como personas. Por ese motivo, el Estado debe garantizarles una serie de reparaciones que las proteja y que les permita reinsertarse en la sociedad y en el mercado laboral.

¿Qué reparaciones deben recibir las víctimas?

El III Plan Nacional Para La Lucha Contra El Trabajo Forzoso 2019 – 2022 plantea dos ámbitos de protección para los afectados por este delito. El primero abarca la labor articulada de las diferentes entidades públicas que forman la red intersectorial de servicios de protección social; mientras que el segundo, el amparo legal que el Ministerio de Justicia brinda a la víctima hasta que concluye el proceso judicial.

Este documento detalla que la recuperación de las víctimas debe verse de manera integral (no solo de forma monetaria) y considerar los siguientes elementos: salud física y mental, educación, formación y empleo, situación legal, protección de familia, independencia personal y seguridad personal entre otros. Sin embargo, esto no sucede realmente, ya que las reparaciones no compensan todo el daño sufrido por las víctimas, apunta Ladera.

“Más allá de que estuvo sometida y violentada, la víctima dejó de ir a la escuela, dejó de tener una vida social, dejó de estudiar, dejó de tener oportunidades: perdió una serie de derechos que no le han permitido desarrollarse como ser humano. Eso también se tiene que reconocer en el marco legal para que las reparaciones ayuden realmente a compensar lo que ha pasado esta persona”, sostiene.

La especialista resalta que, por lo pronto, se debe trabajar junto a autoridades como fiscales y jueces para capacitarlos y así puedan atender estos casos desde una perspectiva más allá de las indemnizaciones y que realmente consideren lo que se le ha privado a la víctima para acercarnos a la restitución de sus derechos.

RPP y CHS Alternativo organizan "Paremos el Trabajo Forzoso", una campaña que busca advertir e informar a la población sobre esas actividades que muchas personas realizan en contra de su voluntad y bajo engaños, intimidación o amenazas. Esta iniciativa tiene como fin, además, brindar información sobre cómo prevenir el trabajo forzoso y cómo actuar frente estos casos.

Si se conoce o está en una situación de trabajo forzoso, puede denunciar a la Línea 1818 del Ministerio del Interior, la comisaría o cualquier fiscalía a nivel nacional, así como a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La atención es gratuita, segura y confidencial.