Al interactuar con el espacio público, la principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad es la mala calidad o ausencia de rampas, escalones o mobiliario accesible, según una encuesta de Lima Cómo Vamos.
En el Perú viven más de 3 millones de personas con discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Pese a representar el 10.3% de la población nacional, las políticas públicas para lograr la mejora en su calidad de vida no han sido efectivas, de acuerdo con un informe del Consejo Nacional para la Integración de las personas con Discapacidad (CONADIS).
En efecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señaló que 8 de cada 10 personas con discapacidad requiere de algún tipo de asistencia para realizar sus actividades cotidianas; sin embargo la mitad no cuenta con ese apoyo.
Uno de los principales objetivos de la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030 es asegurar las condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad. Para ello se deben priorizar la creación de Sistemas Integrados de Transporte que consideren el trato prioritario a las personas en situación de vulnerabilidad, la capacitación para la adecuación de contenidos y servicios digitales con criterios de accesibilidad y el fortalecimiento de capacidades integrales en materia de infraestructura y equipamiento urbano accesible a gobiernos regionales y locales.
En este último punto, el Conadis informó a fines de enero del 2024, que los gobiernos regionales y locales tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar el informe anual sobre el cumplimiento del presupuesto que se les otorgó para financiar programas y servicios en beneficio de las personas con discapacidad.
Ciudades más accesibles: rampas bien diseñadas
La principal barrera que enfrentan las personas con discapacidad al interactuar con el espacio público es el entorno físico, vinculado a la mala calidad o ausencia de escalones, suelos, rampas o mobiliario, según una encuesta de Lima Cómo Vamos.
La creación y adecuación de la infraestructura y equipamiento vial, así como el equipamiento urbano de recreación pública, considerando componentes de accesibilidad, deben ser prioridad tanto para el Ministerio de Vivienda como para los gobiernos locales (provinciales y distritales).
Así, el Conadis resaltó también la importancia de que los distritos cuenten con rampas accesibles para personas con discapacidad física. “Los gobiernos locales tienen la obligación de desarrollar su correcto diseño y garantizar el mantenimiento permanente”, indicaron en una nota de prensa.
Es importante recordar que las rampas no sirven solo para el desplazamiento seguro de una persona con discapacidad, si no de las personas con movilidad reducida; es decir, personas de la tercer edad, gestantes, niñas y niños o personas que hayan sufrido algún accidente y no puedan desplazarse sin asistencia, indica la institución.
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, las rampas deben ubicarse en las esquinas y en los cruces para dar acceso a las veredas y deben tener un ancho mínimo libre de 90 cm además de una pendiente (subida) que no debe exceder el 12% de su altura.
Finalmente, la Política Nacional indica que se deben cumplir los lineamientos de aseguramiento de las condiciones de accesibilidad en las sedes de justicia, de atención de denuncias como las comisarías, la promoción de la masificación de actividades físicas, del deporte de alto rendimiento y la capacitación a organismos públicos y privados para fomentar servicios turísticos accesibles para personas con discapacidad.
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