por Redacción RPP
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En lo que va del año se habrían contabilizado 47 muertes producto de la minería ilegal en ambas provincias, asegura Greco Quiroz, abogado y representante del Gobierno Regional de La Libertad.
En nuestro país, la minería ilegal está presente en todas las regiones, generando graves impactos sociales, ambientales y económicos, alerta la Defensoría del Pueblo. Un departamento donde este crimen viene cobrando víctimas mortales es La Libertad, que desde el pasado viernes 26 de agosto fue declarado en estado de emergencia en 12 de sus provincias.
Frente a este escenario, Greco Quiroz Díaz, abogado y presidente de la Comisión Ordinaria de Energía y Minas e Hidrocarburos del gobierno regional de La Libertad, comentó en el programa La rotativa del aire de RPP que, en lo que va del año, son 47 las personas que han perdido la vida por la actividad minera ilícita en las provincias de Pataz y Otuzco.
“Solo se ha podido realizar exámenes médicos para determinar la causa de su muerte a 15 de ellas, el resto muere en el lugar y son retirados por mineros ilegales quienes les pagan una indemnización a los familiares que bordea entre los 15 mil a 25 mil con la finalidad de que no hagan la denuncia en la Fiscalía”, denunció.
Bandas criminales compran memoria de las víctimas
En ese sentido, el funcionario mostró su preocupación por la fuerte influencia de las bandas criminales en las provincias, donde las rondas campesinas, precisó, han sido tomadas por estos sujetos y sus secuaces. Es así que el pasado viernes, luego de que la Policía capturara a un presunto sicario vinculado a la minería ilegal, fueron los propios ronderos quienes lo pusieron en libertad, advirtió.
Hasta la fecha, añadió, no se han realizado acciones eficaces para combatir y erradicar la actividad: “Aquí predomina la corrupción. Las autoridades fiscales, regionales y nacionales que deberían hacer su trabajo no lo hacen, porque están recibiendo dinero de la minería ilegal [...] No ha habido ninguna política clara en este gobierno para reducir o enfrentar esta minería ilegal”, puntualizó.
Aproximadamente, el 40% de la actividad minera en nuestro país está compuesta por la minería ilegal, reveló el entrevistado. Este delito comparte la misma ruta que el tráfico de armas y el contrabando en las provincias de Pataz y Otuzco , donde se han enfatizado sus vínculos con bandas criminales ligadas al narcotráfico, por ejemplo.
Ganancias de hasta 6 millones de soles
Para enfrentar esta actividad delictiva hay que entenderla primero. La minería ilegal, precisó Quiroz, es aquella que realizan personas naturales o jurídicas sin permiso alguno y sin pagar ningún tipo de impuesto, lo que permite que vendan los minerales a terceros con una ganancia millonaria y sin tener que reportar al Estado. Además, agregó que este delito se caracteriza por el incumplimiento de derechos laborales y de seguridad.
El funcionario del gobierno regional de La Libertad aseguró que, actualmente, solo en la extracción ilegal de oro se recaudan entre 4 a 6 millones de soles, sumas exorbitantes que “permiten crear todo un sistema de corrupción entre las autoridades policiales y fiscales para evitar la retención de volquetes [vehículos] que circulan por más de cinco horas llevando la mercancía ilícita”.
Quiroz explicó que existen compañías chinas dedicadas a la compra de oro en La Libertad y que han organizado una red de corruptela: “Yo he podido acreditar la corrupción policial y fiscal y, sin embargo, el Estado no ha hecho absolutamente nada, porque esas personas denunciadas por corrupción siguen en el lugar permitiendo que esto suceda con normalidad”, lamentó.
El abogado denunció también que existirían vínculos entre el gobierno de Pedro Castillo y los defensores de mineros ilegales. Afirmó que, luego de una reunión con Jorge Chávez, entonces viceministro de Energía y Minas donde dispuso que se organice una operación para intervenir las zonas mineras de mayor riesgo, Chávez fue abruptamente retirado de su puesto, evitando acciones de interdicción.
Esfuerzos en conjunto entre el gobierno nacional y las autoridades regionales y locales son necesarios, remarcó, para evitar que la criminalidad instaurada en las provincias de La Libertad siga cobrando más víctimas e involucrando a la población en un delito que, además, tiene efectos nocivos para el medio ambiente y la salud de las personas de las zonas afectadas.
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